En la mañana del 2 de noviembre, 13 funcionarios del intervenido Gobierno de Cataluña debían declarar ante la Justicia española por delitos vinculados al procedimiento independentista. Sin embargo, sólo 9 de ellos se presentaron, siendo Carles Puidgemont y otros 4 ex consejeros los grandes ausentes. 

En consecuencia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España solicitó a la jueza que se encuentra a cargo del caso, Carmen Lamela, que emita una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra el ex presidente de la región catalana y el resto de los funcionarios que no asistieron a su citación por rebelión, sedición y malversación.

De acuerdo a fuentes jurídicas, la medida afectaría, además de Puidgemont, a los ex consejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).

El fiscal solicitó que las órdenes se dirijan a las autoridades belgas al constar que han viajado a ese país. En ese sentido, el Ministerio Público señala que "constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio, así como reiteradas llamadas telefónicas, a las que se ha hecho caso omiso" por parte de estos 5 investigados para los que pide la detención.

El ministerio fiscal añade que Puigdemont "ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho Antoni Comín y Maritxell Serret, efectuar declaración por videoconferencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual".

"Es un hecho notorio y públicamente conocido su citación para comparecer en el día de hoy a declarar como investigados", pese a lo cual, destaca el fiscal, estas 5 personas "no han comparecido" como sí han hecho los restantes.

De acordarlo la juez, una vez emitida la orden de detención, podrían ser arrestados en cualquier momento y ser puestos a disposición de un magistrado, que deberá decidir si les envía o no a la cárcel mientras se tramita la OEDE o adopta otro tipo de medidas cautelares.