El ex gobernador de Buenos Aires y actual diputado por el mismo territorio, Daniel Scioli, está envuelto en una polémica causa en la que este viernes 4 de mayo se solicitó la inhibición general de sus bienes y la prohibición de su salida del país.

El pedido fue esgrimido por el fiscal penal de La Plata Álvaro Garganta ante la jueza Marcela Garmendia que, hasta el momento, ha dado lugar a sus requerimientos, aunque habría que esperar la definición sobre esta cuestión.

El también ex candidato a presidente está acusado de cometer el delito de tráfico de influencias por la construcción de 9 Unidades de Pronta Atención (UPA) y la ampliación de otras 6 en el Conurbano bonaerense.

Desde la acusación, denuncian irregularidades en la contratación de obras públicas, ya que no hubo licitación para construir estas salas de primeros auxilios, sino que se hizo a través de la Ley de Contabilidad.

La solicitud recae no sólo en Scioli, sino también en el ex ministro de Salud bonaerense Alejandro Collia y el empresario Ricardo Miller. El monto total de la inhibición alcanzaría los $189.200.000.

Si la magistrada Garmendia hace lugar al pedido del fiscal, además del embargo, cada vez que Scioli quiera salir del país deberá pedirle autorización a la Justicia.

El jueves 3 de mayo, el también ex vicepresidente de la Nación (2003-2007) acudió a su declaración indagatoria y, si bien decidió no responder preguntas, presentó un extenso escrito.

Para responder a quienes lo señalan como un criminal por haber realizado tráfico de influencias debido a la relación que mantenía con el empresario Miller -a quien se adjudicó las obras de UPA- aseguró que su vínculo era de carácter profesional y no personal.

Además, negó haber participado en cualquier acto de corrupción, y en un dictamen de perfil más técnico, justificó la falta de licitación pública para la construcción de las UPA al sostener que eran "objetos" y no un inmueble u obra pública.