La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, denunció una maniobra del Gobierno para sacarla del cargo. Afirmó que Macri quiere poner a una persona de su confianza en su puesto y lo vinculó al caso Odebrecht. Este martes la citarán a indagatoria por la adquisición irregular de un inmueble por 43 millones de pesos.

La funcionaria judicial afirmó que "de ninguna manera" tiene una vinculación política con el kirchnerismo y que "no" es "opositora ni militante, y siento rechazo y desilusión cuando me llaman la enemiga del Gobierno". 

Alejandra Gils Carbó aseguró que no aceptaría un desplazamiento de su cargo mediante un decreto al considerar que "sería un acto totalmente inválido" e "inconstitucional".

“Se intenta crear una sospecha de corrupción con el objetivo de justificar mi desplazamiento por modos ilegales e inconstitucionales ya que (el oficialismo) no ha tenido los votos ni las causales para el juicio político”, dijo Gils Carbó y comparó a Mauricio Macri con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

El fiscal Taiano pedirá la indagatoria de Gils Carbó por supuestas irregularidades en la compra del edifico de la Procuración que habría costado 43 millones de pesos mediante la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, que actuó por intermedio de Juan Carlos Thill, a quien se habría pagado una comisión de 3 millones de pesos por la intervención en el trámite de su medio hermano.Taiano dirá que Gils Carbó cometió delitos como negociaciones incompatibles y abuso de autoridad.  

Ante esa acusación, Gils Carbó respondió: “El Estado, o sea el Ministerio Público Fiscal, no pagó comisiones. Fue una de las condiciones. Ya habían fracasado tres licitaciones por distintos motivos. Esta era la cuarta. Como Procuradora según las reglas de la administración pública podía haber hecho una venta directa".

"Todo el trámite lo hicieron funcionarios que hace veinte años que estaban en ese trabajo. Fue el precio más barato inferior a la tasación judicial. Participaron 25 funcionarios de distintas áreas, planificación, arquitectura, logística, el secretario general de administración, hubo dictámenes de jurídicos, auditoría interna, auditoría externa, no hubo posibilidad de que yo tuviera conocimiento del hecho que luego aparece en los medios", aseguró la funcionaria judicial. 

Gils Carbó se defendió de las acusaciones e indicó que ella misma separó a un funcionario por estos hechos: "Surgió en los medios que un medio hermano de este funcionario habría cobrado una comisión de tres millones de pesos por asesorar al oferente. La comisión la pagó inmobiliaria. Y no es un millón ni medio millón de dólares. Son 176 mil dólares. La mitad está en la cuenta de este señor y la otra es lo que debe investigarse, que es quién la cobró".

"Lo que se está intentando a través de estos casos es crear una sospecha de corrupción con el objetivo de justificar mi desplazamiento por medio de modos ilegales e inconstitucionales ya que no han tenido los votos ni las causales para el juicio político", finalizó.