Se trata del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap). De acuerdo al decreto nacional 358/17, en esta categoría entran los barrios donde viven al menos ocho familias y más de la mitad de la población no cuenta con títulos de propiedad del suelo ni acceso regular a dos o más servicios básicos -como red de agua, de cloacas o de energía eléctrica con medidor domiciliario-.

En Mendoza son 247 en total, de de los 4.416 conglomerados habitacionales de este tipo que se relevaron en el país.

Según los números que se manejan en la provincia hay entre 50.000 y 60.000 personas que viven en estas condiciones -entre 16.000 y 17.000 familias-. En todo el territorio argentino hay casi 4 millones de personas que viven así.

Qué se hace 

Desde el Renabap destacaron que la ley 27.453 busca regularizar los barrios populares y brinda herramientas para atender a las personas que viven en lugares riesgosos o son eje de una disputa legal. 

“En el artículo 2 se declara de utilidad pública y sujetos a expropiaciones a barrios ubicados en terrenos en disputa. Y para los que están en terrenos riesgosos, prevé reubicarlos en mejores lugares”, indicó a diario Los Andes Laura Martínez, abogada e integrante de la mesa provincial.

“Esta lucha ha ido cambiando en el tiempo. Empezamos con un relevamiento y terminó siendo una ley. El problema está ley, pero no hay financiamiento”, explicó Pablo Soloa, otro integrante de la mesa mendocina, quien subrayó que el 70% de los que viven en barrios populares tienen menos de 30 años.