A casi un mes de que el Senado negara la aprobación del aborto legal en Argentina, se realizó el primero de estos procedimientos en una menor con discapacidad que fue abusada sexualmente en San Juan.

Se trata de la primera interrupción voluntaria de embarazo que se realiza en una provincia que no adhirió al protocolo del Ministerio de Salud de la Nación que se aplica en este tipo de casos. De esta manera, se dio cumplimiento a la Ley, amparándose en el artículo 86 Inciso 2 del Código Penal Argentino.

La intervención se dio en medio de protestas "pro vida" frente al Hospital Rawson de la capital sanjuanina: militantes de la posición "celeste" intentaron impedir que la camilla donde descansaba la paciente ingrese a la sala de operaciones y se produjeron forcejeos.

Incluso, de acuerdo a lo informado por el Diario de Cuyo, hubo llamados a jueces para que impidan la cirugía.

Para dar luz verde al procedimiento, las autoridades provinciales reunieron y conservaron todas las pruebas que incriminan a un hombre de 32 años, Marcelo Villalobo, único detenido sospechado de violar a la menor que padece de un déficit mental.

La denuncia del abuso sexual fue presentada por la familia de la adolescente, de origen boliviano, ante en el El Centro de Abordaje Integral de Niños Víctimas (ANIVI) y en el Juzgado de Instrucción de segunda nominación.

El acusado también nació en Bolivia y es propietario de la finca de la zona de Médano de Oro en la que trabajaba la familia de la víctima.

Una vez finalizada la operación por la que se interrumpió un embarazo de 10 semanas, la niña descansaba en el centro asistencial, mientras era contenida por el Comité del Maltrato Infanto-Juvenil.