Cada vez hay más casas donde todos los adultos trabajan. La consecuencia es un notable crecimiento en el número de salitas y guarderías, que -aunque son cada vez más- no cuentan con una regulación formal. Por eso las diputadas provinciales Cecilia Rodríguez y Tamara Salomón (UCR) acaban de presentar un proyecto de ley que busca poner en orden la situación.

“Buscamos crear un registro de las instituciones a través de una ley”, especificó Rodríguez. De este modo, “se intenta dejar en claro cuál será el organismo de control y cuáles serán los requisitos básicos en cuanto a la atención, personal, mobiliario y proyecto pedagógico, entre otras cuestiones”.

La propuesta aspira a cubrir un importante vacío legal. Hoy la educación obligatoria de los niños se inicia a los cuatro años; para los más chiquitos, sin embargo, existe una amplia oferta que abarca desde los cuarenta y cinco días hasta los tres años. Instituciones públicas o privadas, tanto de organizaciones no gubernamentales como de entidades comunitarias, sindicales, sociales, de carácter educativo, deportivo y socio-culturales se dedican al cuidado de niños y niñas. Sin embargo están fuera de las regulaciones de la Dirección General de Escuelas (DGE).

En efecto, la otra autora del proyecto, la diputada Tamara Salomón, recalcó que “no hay regulación provincial que contemple cuáles son los requerimientos, ni el Programa Pedagógico que se necesita para el desarrollo temprano de los niños y niñas que concurren a estos establecimientos”.

El proyecto menciona varios ejes fundamentales. Busca, entre otras cosas, satisfacer las necesidades de los niños en relación a la higiene, la alimentación, la profilaxis y los instrumentos que se utilizan para su cuidado.