El Gobierno nacional cruzó a la Ciudad de Buenos Aires luego de que la administración porteña anunciara que les quitará los planes sociales a las familias que no envíen a sus hijos a la escuela.

"El jefe de gobierno se refiere hoy al plan Ciudadanía Porteña, que es un programa social que conozco bien, porque tuve el honor de diseñarlo e implementarlo junto a mi equipo del Ministerio de DDHH y Sociales en el año 2006", indicó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

A través de un hilo de tuits, recordó que "la ley que creó el programa indica como corresponsabilidades la regularidad escolar, la vacunación obligatoria y la búsqueda de trabajo para los adultos del hogar". "Son corresponsabilidades y no requisitos porque tanto el Estado como la familia se comprometen a llevarlo adelante", aclaró.

Y subrayó: "Estas corresponsabilidades son un marco para ayudar a las familias a salir de la situación de vulnerabilidad, y no pueden ser usadas como un castigo, una doble estigmatización, una herramienta fiscal para bajar la ayuda".

"Una familia en situación de vulnerabilidad necesita que el Estado la acompañe, ayude e incentive a volver a una situación de regularidad escolar, de trabajo y de salud, y no que la castigue por no hacerlo", agregó.

El ministro de Desarrollo Social, por su parte, también se expresó a través de la red social. "A los chicos que no van a la escuela, en vez de estigmatizarlos, tenemos que ir a buscarlos, ver por qué no asisten, qué problema pueden estar pasando en sus hogares, acompañarlos y buscar insertarlos en el sistema educativo", sostuvo.

Y señaló: "Como dirigentes tenemos la obligación de pensar en la dignidad de la gente y no en los títulos de los diarios ni en los retuits de las redes. Anhelamos que los funcionarios de la Ciudad trabajen para solucionar alguno de los problemas y no para generar otros nuevos".

La medida del Gobierno porteño

El Gobierno porteño anunció hoy que les suspenderá el programa a aquellas familias con hijos e hijas que pierdan la condición de alumno regular. A partir del 1° de agosto, los chicos y chicas deberán asistir a un 85% de las clases para mantener esta condición.

Si se detectara una irregularidad, Desarrollo porteño se comunicará con la familia para interiorizarse sobre la situación e intentar que el menor retome sus estudios. En caso de que a los tres meses la situación no se haya regularizado, se dará de baja el componente adicional que prevé el programa, siempre con la posibilidad de que el estudiante regularice su situación escolar y esto habilite a la familia a recuperar aquel monto. Si a los seis meses los estudiantes no se reincorporan al aula, se suspenderá la totalidad del plan.

"Si está tan preocupado por el cumplimiento de la ley, el gobierno de Rodríguez Larreta podría ocuparse de que sigan ingresando familias que lo necesiten o requieran, y que se pague el porcentaje que establece la ley y que se fue restringiendo a medida que pasaron los años", completó Cerruti.