El Ministerio de Capital Humano advirtió que cualquier paro durante la conciliación obligatoria será considerado una violación, en medio del debate por la reforma laboral.

El Gobierno intimó a los gremios a abstenerse del paro general
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A pedido de la fiscal Gabriela Baigún, el Tribunal rechazó la excarcelación solicitada por el cuerpo de defensores de Ricardo Jaime, que se encuentra preso por la tragedia de Once y a la espera de juicios por corrupción durante su época de Secretario de Transporte.
"Subsisten los peligros procesales, por lo que la prisión preventiva se encuentra plenamente justificada", aseguraron desde el Ministerio Público respecto al pedido de los abogados de Jaime que pidieron que el acusado no presenta riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación.
Respecto a esto, la mencionada fiscal Baigún recordó que "pesa sobre él una condena firme de un año y seis meses de ejecución condicional y una condena no firme de cinco años, además registra otras causas en trámite", luego de que el juez Ercolini determinara su detención el 2 de abril de 2016.
Además aseguró que el motivo por el que el ex funcionario se encuentra preso corresponde a haber sustraído pruebas durante un allanamiento en la provincia de Córdoba, y no se expresaron de acuerdo a la defensa y que esto de por sí podría presumir un "intento de fuga".
En cuanto a las otras causas de corrupción en las que está imputado, la que presenta mayor riesgo para Jaime es aquella en la que se lo acusa de sobreprecios a España y Portugal en la compra de nuevos trenes.

El Ministerio de Capital Humano advirtió que cualquier paro durante la conciliación obligatoria será considerado una violación, en medio del debate por la reforma laboral.
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La designación se realizará por mayoría simple y el mandato se extenderá hasta el 28 de julio.
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En la causa, Manuel Molinari, el conductor de la Amarok; Noamí Quirós, que manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño, están imputados por el delito de lesiones culposas agravadas.
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No habrá servicios de transporte desde la medianoche del jueves, cuando Diputados debatirá la reforma laboral.
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La jueza dejó sin efecto el expediente tras apartar a la denunciante del rol de querellante.
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La resolución ordenó dejar sin efecto las cesantías, al mismo tiempo que obligó a retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto.
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