El Gobierno buscará en el transcurso de noviembre enviar al Congreso las reformas al Código Penal que entre otras disposiciones prevén un aumento en las penas por cortar el tránsito, así como la creación del delito de incumplimiento y prohibición de ingresar al país para los migrantes.

En cuanto al "entorpecimiento" o "detención" en la marcha de medios de transporte público, el proyecto aumenta la escala penal de un máximo de dos años a entre seis meses y tres años de prisión.

De esta manera, el corte no constituiría un delito sólo en aquellos casos que interrumpa el tránsito de privados con el permiso del Estado nacional. 

De igual manera, el nuevo Código incorpora una figura agravada para los migrantes que usan documentación falsa y para quienes incumplan la prohibición de reingresar a Argentina luego de una expulsión por sentencia condenatoria judicial.

Para el último caso contempla prisión de uno a cuatro años, lo cual de acuerdo con la normativa vigente no es delito.

A esto se añadiría además la discusión para endurecer la ley migratoria, la cual con negociaciones entre el Gobierno y un sector del peronismo, buscará agilizar las deportaciones.

La reforma del Código Penal se inserta así en el paquete de leyes que el oficialismo busca acelerar su aprobación antes de fin de año.

A la misma se suman los tratamiento tanto sobre alquileres así como por el pago de ganancias para el pleno del cuerpo judicial.