Si bien muchos consideran que una amenaza de bomba en distintos edificios y establecimientos de Argentina son sólo una cuestión de generar un cese en las actividades y tal amenaza no es concreta, al Estado le ha costado mucho dinero cada vez que deben hacerse presentes por los llamados.

Lamentablemente, y sin un hilo conductor en particular, en el mes de septiembre de 2017 se registraron cerca de 2.000 llamados de amenazas de bomba en la Provincia de Buenos Aires, y en extremadamente pocos casos, fueron reales.

Ante esto, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, se ha expresado en contra de esto que muchos consideran un chiste. "No es una broma, es un delito", se trata de "un acto de intimidación pública penado por la ley". 

"Ante cada llamado de amenaza, es nuestra obligación acudir al establecimiento con toda una logística que implica brigada de explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil, además de alertar a los hospitales públicos y a las cuadrículas de la zona", agregó el funcionario.

Tan sólo el 22 de septiembre se registraron 48 llamados entre los que uno estuvo dirigido a la escuela en la que cursan los hijos de la gobernadora María Eugenia Vidal. Pese a esto, la única real fue en un colegio de Adrogué, donde hallaron una granada.

Además, informó que muchos de los llamados se realizaron por menores de edad de esos colegios, utilizando los teléfonos de los familiares u otros cercanos. "Un llamado engañoso implica una intimidación pública y es un delito penado con dos a seis años de prisión", resaltó.