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En medio de una semana revolucionada por el intento del Gobierno nacional de sancionar la reforma previsional, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sostuvo que, de ser aprobada, el Estado se ahorraría más de $ 70 mil millones en 2018 y los jubilados perderán poder adquisitivo.
En este contexto, el economista de la entidad, Nadin Argañaraz precisó que "el pago de jubilaciones representa 10 puntos del PBI" porque "es el principal gasto que se tiene". También señaló que "los jubilados no pierden poder adquisitivo actual, pero sí futuro".
#movilidad jubilatoria. Con el cambio de fórmula, la ANSES dejaría de pagar en 2018 unos $72.000 millones, es decir un 0,6% del PIB. El gasto previsional crecería levemente por encima de la inflación. pic.twitter.com/GXfCmspCzJ
— Nadin Argañaraz (@NadinArganaraz) 14 de diciembre de 2017
"Supongamos que un haber equivale a 100 naranjas, con la movilidad actual a fin de 2018 el jubilado tendría 106 naranjas, un 6% más; con el cambio de la movilidad tendría 101,5 naranjas, es decir, un 1,5% más de poder adquisitivo", graficó.
Para ejemplificar manifestó que "en diciembre de 2019, con la movilidad actual tendría 114 naranjas y con el cambio, 105 naranjas".
"En marzo, el jubilado va a tener un aumento mucho menor al que hubiese tenido; pero hay que mirar el año completo, en la movilidad actual los aumentos eran en marzo y septiembre, y con la nueva será cada 3 meses; el análisis correcto es el anual, que marca claramente cómo vas a quedar a fin de año con una movilidad y con otra", consignó.
Argañaraz describió que "este cambio le genera al Gobierno que el año que viene en lugar de tener un gasto previsional del 21%, tendría uno del 17%, son $ 70 mil millones, 0,6% de PBI".
En un trabajo, que hizo el especialista junto con Ariel Barraud y Valentín Mongi del Área de Finanzas Públicas y Federalismo Fiscal del IARAF, consideraron que "el debate en torno al cambio en la movilidad jubilatoria dentro de la Reforma Previsional tiene dos focos esenciales de análisis".
"Por un lado, el impacto en términos de poder de compra sobre los haberes, ante un cambio en la fórmula de cálculo para la actualización de los mismos. Por otro, el ahorro fiscal que obtendría el Ejecutivo Nacional para cumplir la meta fiscal establecida para el ejercicio 2018", dijeron.
Explicaron que "el cambio de metodología es crucial para enfrentar el problema de déficit que presenta el sistema previsional argentino, dado que bajo el actual régimen, el otorgamiento de aumentos no se condice con la disponibilidad de recursos previsionales para su financiamiento".
Al considerar las proyecciones realizadas, "se observa que la propuesta otorgaría un margen fiscal de $ 72.000 millones, equivalente a 0,6 % del PIB, con respecto al monto presupuestado para el ejercicio 2018 (bajo la ley de movilidad hoy vigente)", añadieron.

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