La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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La Tercera Fiscalía Correccional imputó penalmente en agosto de 2018 a Boulet, Díaz y Sarmiento en respuesta a una denuncia presentada por la DGE.
Esta miércoles por la mañana, la Jueza de Garantías Miriam Moltó sobreseyó a Gabriela Díaz, Miguel Sarmiento y Patrick Boulet, docentes del Instituto Superior Tomás Godoy Cruz, sobre quienes pesaba una imputación desde hace más de un año.
En la audiencia, la Defensa -a cargo del Dr. Pablo Salinas y del Dr. Pablo Cazabán- sostuvo que no hubo delito en el accionar de los profesores, durante la jornada del 24 de agosto de 2018. Asimismo, desde la Fiscalía se ratificó esta posición.
En sentido contrario, el abogado querellante -representante de la Dirección General de Escuelas- se opuso a estos argumentos y resaltó, lo que para él significó el aspecto positivo de las imputaciones: “Desde entonces, no hubo más asambleas ni tomas en el Instituto”, arguyó. Además, se reservó el derecho de apelación, sin justificar su posición.
Posteriormente, la Dra. Moltó sentenció -en el mismo sentido que la Defensa- que no hubo delito comprobado en el expediente, por lo tanto los imputados no lo cometieron y les otorgó el sobreseimiento. Al final, agregó que es materia de análisis si la desobediencia a un pedido de la DGE (aunque no fuera este el caso), constituye delito alguno.
Recordamos que la Tercera Fiscalía Correccional imputó penalmente en agosto de 2018 a Boulet, Díaz y Sarmiento en respuesta a una denuncia presentada por la DGE. Los docentes citados, solo se notificaron del memorándum que envió el Director del organismo, Jaime Correas, en el que se instaba a toda la comunidad educativa del Instituto Tomás Godoy Cruz, a desocupar el edificio en un horario determinado, en el marco de las protestas por la aplicación del Decreto 530 y resoluciones posteriores.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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