La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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La Cancillería argentina había escogido al organismo de Derechos Humanos Provea, que lucha contra el régimen autoritario de Nicolás Maduro en Venezuela, para recibir el premio Emilio Mignone.
Distinguimos con el Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio Mignone a @_Provea -Programa Venezolano de Educación - Acción en DDHH- pic.twitter.com/uI89Q2PZDU
— Cancillería Argentina ���� (@CancilleriaARG) 15 de marzo de 2018
Los venezolanos aceptaron y escogieron a Raúl Cubas, ex detenido por la última dictadura militar argentina, co-fundador del a organización, que además tiene nacionalidad de ambos países, para compartir con ellos la premiación.
A pesar de que no iba a poder estar en el momento de la entrega, Cubas envió un discurso que sería leído por el resto del equipo de Provea. El mensaje contenía varias críticas a la política de Derechos Humanos del gobierno, entre los que exigía la inmediata liberación de la dirigente social Milagro Sala.
#16Mar Ayer nos vimos obligados a declinar el premio internacional de derechos humanos que otorgaría la Cancillería Argentina. Se pretendió condicionar lo que expresaríamos en el acto. Sólo somos obedientes ante los principios y valores en defensa de los derechos humanos.
— PROVEA (@_Provea) 16 de marzo de 2018
"Propongo que ambos Estados asuman inmediatamente sus obligaciones internacionales ante las instancias internacionales de protección de los derechos humanos tanto de la OEA como la ONU, y liberen de forma inmediata los presos políticos, comenzando en Argentina con la dirigente social Milagro Sala", escribió Cubas.
Al ver el discurso que tenía preparado el argentino-venezolano, la Cancillería condicionó la entrega a la organización bolivariana a no leer las palabras escritas por Cubas, por el tono crítico que tenía contra las políticas llevadas adelante por Mauricio Macri y su gobierno.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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