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Uruguay: fracasó la iniciativa que buscaba derogar la “ley trans”

Con una participación muy menor al 25% requerido, la Ley Integral para Personas Trans en Uruguay permanece firme.

La votación había sido solicitada tras la obtención de 70.000 firmas

La votación había sido solicitada tras la obtención de 70.000 firmas

La Ley Integral para Personas Trans en Uruguay continuará firme tras la consulta electoral o “prereferéndum” realizado en el día de ayer desde el cual se buscaba acceder a un plebiscito en el mes de octubre para finalmente derogar la normativa. 

La votación que tuvo lugar el pasado domingo fue alcanzada tras la obtención de 70.000 firmas. Se trató de una elección no obligatoria y se precisaba que unas 650.000 personas (25% del padrón nacional) voten, para, en ese caso sí, aprobar un referéndum que mantenga o derogue esta norma. 

El impulso político fue encabezado por legisladores del Partido Nacional (Blanco) vinculados a movimientos religiosos (evangélicos y católicos) en lo que decididamente fue un proceso llamativo para un país tradicionalmente laico como el Uruguay. 

Recordemos que esta ley, aprobada por el Congreso uruguayo sobre finales del año pasado incorpora medidas como una cuota para acceder a empleos y becas educativas, así como presencia desde el Estado  para la alteración hormonal. 

Estos derechos son para un sector de la población históricamente vulnerado en el ejercicio de sus derechos, estigmatizad y violentado. Con una esperanza de vida que ronda los 35 años, cuando la media nacional es de 77, los indicadores de marginalidad en términos de salud, educación y empleo son contundentes. 

Desde la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans agradecieron a la población por medio de un comunicado: “Auguramos un cambio profundo hacia la verdadera inclusión que apunta a cambios sustantivos en todos los ámbitos: familiares, educativos y laborales”, escribieron.

En el año 2013, diferentes organizaciones, entre ellas la Iglesia Católica, promovieron un prereferéndum contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el cual también fracasó al conseguir tan solo un 10% del total de ciudadanos habilitados como participantes. 

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