En el día de hoy se presentó un informe sobre la República Bolivariana de Venezuela que vincula al presidente del país, Nicolás Maduro, y a varios de los ministros de su Gobierno con la coordinación de lo que se presenta como "crímenes de lesa humanidad".

En un estudio de 21 páginas, el Consejo de Derechos Humanos volcó los estudios de una una misión independiente de determinación de hechos sobre Venezuela orientada a investigar “las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde el 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

Con entrevistas, declaraciones públicas e información digital como métodos de recolección de datos, se investigaron 223 casos individuales, en tanto la misión examinó otras 2891 violaciones a los derechos humanos reportadas en las cuatro áreas de su mandato. 

Dentro de la multiplicidad de factores estructurales que el informe entiende dieron forma a estas prácticas se destaca que “las violaciones documentadas en este informe se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho en Venezuela desde 2014. El debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas democráticos, judiciales e institucionales dio lugar a una creciente impunidad, lo que exacerbó las violaciones”. 

“La Misión constató que las principales personas a quién se dirigieron las violaciones eran a menudo críticos del gobierno con un alto perfil público o personas que lograron prominencia o eran percibidas como una amenaza debido a sus acciones”, resalta el punto 22 del estudio.

En este sentido marca a su vez que “la Misión encuentra motivos razonables para creer que durante el período examinado se utilizaron detenciones arbitrarias contra personas por su afiliación, participación, opiniones o expresión política”. 

De igual modo se marca que la misión no pudo visitar Venezuela, debido a que "el Gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes" y a las restricciones de viaje en vigor debido a la pandemia del nuevo coronavirus y realizó 274 entrevistas a distancia, explicó el informe.

En último término se recomienda “a la comunidad internacional, incluyendo que los Estados consideren la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables por las violaciones y los delitos señalados en el informe, de conformidad con su legislación interna pertinente”. 

El informe completo lo podes descargar haciendo click acá.