El 9 de septiembre de 1955, el Gobierno de Alberto Fujimori presentó ante la sociedad el “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar”.

Con un Congreso cerrado, la administración que asumió en el año 1990 tras derrotar en un ballotage a Mario Vargas Llosa, reflotó la legalidad de la esterilización como método de planificación familiar. 

En este video de Filo.Mundo te contamos cómo se argumentó una práctica que derivó en la realización de más de 300.000 ligaduras de trompa y 25.000 vasectomías sobre los sectores más pobres del Perú. 

El argumento estuvo en que además de las medidas de ajuste económico para un país quebrado, había que empezar a controlar la pobreza y para esto, bajar los índices de natalidad era clave.

¿Cómo se justificó la necesidad de estas prácticas? Una respuesta estuvo en la encuesta nacional, el recurso con el que se buscó dimensionar el escenario social del país   y desde el cual el ministerio de Salud diagramó una estrategia comunicacional en la que las esterilizaciones eran algo así como la satisfacción del deseo de las mujeres. 

Pero además de lo perverso de la lógica y como era de esperarse, esta práctica no se centró en los ricos de la costa sino en las zonas rurales de la sierra y los más de 65 pueblos indígenas que habitan la selva peruana. 

Entre los muchos patrones detectados, resalta la falta de garantías para la libre elección; la ausencia de la autorización sanitaria para la operación y las esterilizaciones a personas analfabetas sin que el formulario de consentimiento previo sea leído por un testigo.

Además, sumado al trauma del momento, las consecuencias físicas postoperatorias forzaron a muchas mujeres a tener que cambiar o dejar su trabajo. 

El esfuerzo físico que demandan las tareas rurales se volvieron imposibles de realizar y las alternativas pasaron por quedarse en sus tierras, dedicándose a tareas de cuidado doméstico y dependiendo económicamente de hijos o parejas, o bien migrar a ciudades donde el comercio fuera más viable con su nueva realidad.

Después de más de 20 años de idas y vueltas en la Justicia, el 1° de marzo  comenzó la audiencia contra el ex presidente Fujimori, así también sobre quienes fueron ministros de Salud del período como Eduardo Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.

El proceso judicial busca evidenciar y juzgar la responsabilidad política de los acusados, planteando que la esterilización forzada violó los derechos a la integridad corporal y la no discriminación de las personas.