La Procuración General del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, se presentó ante la Justicia Federal para impugnar el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño que habilitó la continuidad de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.

El funcionario radicó la presentación en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, mientras crece la expectativa por la decisión que adopte la Corte Suprema de Justicia, donde también hay un pedido del Gobierno porteño.

El pedido es de inhibitoria para quitarle el caso a la Justicia Ciudad y que intervenga la Federal. El Gobierno nacional sostiene que es una decisión federal y no local, y que se trata de una política sanitaria que nada tiene que ver con medidas educativas.

Ayer, en horas de la tarde, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones habilitó la continuidad de las clases presenciales en la Capital Federal, dejando sin efecto el artículo N°2 del Decreto de Necesidad y Urgencia dictado la semana pasada por el Poder Ejecutivo.

Minutos después del fallo, el presidente Alberto Fernández sostuvo que la resolución constituye "un estrago jurídico". "Están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la Justicia Federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia. Por eso la ciudad fue directo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación", afirmó el mandatario, en declaraciones publicadas por El Destape.