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44 marinos murieron en la mayor tragedia en la historia de la Armada Argentina en tiempos de paz. La Justicia intenta determinar las causas del hundimiento. Apuntan a los mandos navales.
Hace exacatamente dos años, el 15 de noviembre de 2017 a las 7.19, se perdía contacto con el submarino ARA San Juan. Fue ocho horas después de que su jefe de operaciones informara sobre un principio de incendio en el tanque de baterías número 3, provocado presuntamente por el ingreso de agua por el sistema de ventilación mientras navegaba en medio de un fuerte temporal, en el marco de una patrulla de mar para tratar de identificar pesqueros ilegales.
A bordo viajaban 44 tripulantes, entre ellos Eliana María Krawczyk, la primera submarinista de Sudamérica.
El buque clase TR-1700 de la Armada Argentina, de 66 metros de largo, fue localizado el 17 de noviembre de 2018, completamente deformado e implosionado a 460 kilómetros al este de las costas de Chubut.
Estaba a 907 metros de profundidad sobre el lecho marino. El hallazgo se dio justo a horas del primer aniversario de su desaparición, tras un proceso de búsqueda que contó con el apoyo de las marinas de cerca de 20 países, entre ellos Brasil, Chile, Estados Unidos, Federación Rusa, Francia y Reino Unido.
El San Juan fue hallado por un buque de la empresa "Ocean Infinity", que había sido contratada por a Armada bajo la modalidad "pago contra resultado", es decir que la firma cobraría US$ 7,5 millones sólo en caso de encontrar el buque.
Estaba cerca del lugar en que se había registrado el último contacto, en el sitio donde la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares reportara durante los primeros días de búsqueda un "evento anómalo, singular, corto, violento, y no nuclear, consistente con una explosión".
Tras su localización, se tomaron 67.000 imágenes en alta definición, que quedaron en poder de la jueza federal Marta Yáñez, a cargo de la investigación en Caleta Olivia.
A dos años del naufragio, lo que pasó con el submarino, pero principalmente por qué se hundió, es aún una incógnita, así como los responsables.
La jueza Yáñez apunta a los altos mandos de la Armada. Imputó a siete jefes navales, sin avanzar, hasta ahora, sobre funcionarios del Ministerio de Defensa. Y busca respuestas sobre un incidente que ocurrió en el submarino, tres meses antes del hundimiento, en julio de 2017.
Durante aquella navegación, el Capitán Pedro Martín Fernández había alertado que en una maniobra de snorkel se produjo el ingreso de agua al ventilador de batería de proa. Según explicó, fue porque la válvula no cerró correctamente.
La duda de los investigadores es si la Armada llegó a reparar aquella falla antes de la última misión del San Juan, en noviembre de 2017. En busca de la respuesta, la jueza citó a indagatoria a siete integrantes de la fuerza.
Los imputados, hasta ahora, son: Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos; Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; José Marti Garro, jefe de operaciones del COAA; Eduardo Malchiodi, jefe de mantenimiento de la Armada; Jorge Andrés Sulia, exjefe logística del COFS; Hugo Migle Correa, exjefe de operaciones de la fuerza; y Héctor Alonso, el jefe del Estado Mayor del COFS al momento del hundimiento.
La Justicia tiene probado que el agua ingresó al tanque de baterías N° 3 a través de la válvula E19, un mecanismo de ventilación "by pass" que se abre y cierra para permitir el flujo de aire que luego se utiliza, entre otras cosas, para recargar las baterías.
Mientras la unidad navega, esa válvula debe permanecer cerrada, pero por algún motivo no impidió el paso del líquido.
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