El porcentaje general creció frente a abril y al mismo mes de 2024, impulsado por sectores clave como alimentos, químicos y metálicos.

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El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, llegó a un acuerdo con la Abogacía del Estado de España para cerrar el proceso judicial en el que se lo imputa por evasión impositiva, y sería condenado con dos años de prisión que no son de cumplimiento obligatorio y con el pago de una multa de 18,8 millones de euros.
La condena se da por cuatro delitos fiscales por un total de 5,7 millones de euros en lugar de los 14,7 millones que se le habían atribuido inicialmente, y el acuerdo deberá ser firmado por el director de la Agencia Tributaria española.
Según informó el medio español Marca, el futbolista pediría que los dos años de prisión sean sustituidos por una multa y que la pena no quede suspendida, hecho que implicaría un riesgo para él si en el futuro vuelve a tener un problema de índole penal.
El delito imputado a CR7 es más grave que el de Lionel Messi, quien fuera condenado a 21 meses de prisión por defraudación por 4,1 millones de euros en 2017.
El porcentaje general creció frente a abril y al mismo mes de 2024, impulsado por sectores clave como alimentos, químicos y metálicos.
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El plazo para realizar el pago vence el 13 de agosto. Los fiscales pidieron impedir maniobras sobre los bienes de los imputados para asegurar la ejecución del decomiso.
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Rolón, del Tribunal Oral N°5, será el reemplazante del magistrado Alejandro Lago, quien cedió su lugar por un tratamiento de salud que deberá realizar durante seis meses.
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El tribunal consideró que hay elementos suficientes para llevar al imputado a juicio oral. Rechazó los argumentos de la defensa y ratificó el embargo de 500 mil pesos sobre sus bienes.
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Permite infiltraciones con orden judicial en redes sociales, sitios web y plataformas online para abordar delitos complejos. También incorpora medidas de protección y capacitación específica para los agentes.
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La Corte de Apelaciones de Nueva York dejó sin efecto la medida de la jueza Loretta Preska. Ahora, el Estado argentino tendrá una semana para realizar una nueva presentación que permita suspender el fallo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
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