A mediados del 2011, Zaragoza se jugaba el descenso de La Liga de España y visitaba al Levante en una fecha que era crítica. Con goles de Gabi Fernández, el equipo logró llevarse el partido por 2 a 1 en la ciudad de Valencia, pero a los pocos meses se inició una investigación por un supuesto arreglo de partido.

Tras varios años del proceso, se busca confirmar que los jugadores de Zaragoza recibieron un dinero por parte del club y que esa misma suma luego fue derivada a los integrantes del equipo de Levante. El dinero en cuestión para que el rival se dejase perder era de 965.000 euros.

Como parte de aquel equipo, aparecen tres jugadores implicados y varios sudamericanos. Leonardo Ponzio (River), Nicolás Bertolo (Banfield) y Leo Franco (retirado y actual DT) eran parte del equipo que estaba comandado por el mexicano Javier Aguirre, ex entrenador de San Lorenzo de Almagro.

Luego de que en 2017 la causa se archivara, en los últimos años surgieron otras dos denuncias de partido y se levantó la misma, con una maniobra judicial de anticorrupción, entre la que se destaca cierto comportamiento de los jugadores de Levante luego de la supuesta coima.

La Justicia española remarca que luego de que presuntamente recibieron el dinero, automáticamente redujeron de manera drástica sus gastos después de los hechos, sin dar una "explicación razonable" por ello. Esto constituye según el tribunal un "muy relevante indicio" de un posible amaño.

No sólo los 36 jugadores de Zaragoza se presentaron en el banquillo, sino que además lo hicieron el presidente y máximo accionista, Agapito Iglesias, el director deportivo, Antonio Prieto, los consejeros Javier Porquera (Director General Financiero) y Francisco Checa (Secretario del consejo), el ex entrenador del cuadro maño, Javier Aguirre y el propio club como persona jurídica.

Hoy por hoy, todos ellos están acusados por el delito de "fraude deportivo" y el ministerio fiscal solicita para todos ellos una pena de dos años de cárcel y la inhabilitación de todos los procesados, durante seis años, para cualquier actividad relacionada con el mundo del fútbol. A los directivos, además, se les buscará imponer una multa de 1.930.000 euros a cada uno,