Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.

Nueva marcha de jubilados e incidentes en el Congreso
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Luego de tres meses del escándalo en Brasil, se definieron las sanciones que afrontará el Xeneize.

Luego del escándalo realizado por jugadores y miembros del cuerpo técnico de Boca en Brasil, tras quedar eliminados de la Copa Libertadores en manos de Atlético Miniero, la Conmebol dio a conocer la dura sanción que les impuso a los protagonistas de la batalla campal contra agentes de seguridad.
En este sentido, los más perjudicados fueron Sebastián Villa y Cristian Pavón, quienes recibieron seis fechas de suspensión, mientras que Marcos Rojo (5), Carlos Izquierdoz (4), Diego González (3) y Javier García (2) fueron los otros futbolistas sancionados por Conmebol.
Además, los integrantes del Consejo de Fútbol, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, no podrán asistir a partidos Conmebol por los próximos dos años. Entre las sanciones deportivas, cada una particularmente está acompañada por una dura multa económica, que deberá abordarla el club. Esta cifra, en la suma total, alcanza los 235 mil dólares.

Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.
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El hecho ocurrió en el Centro de Educación Operacional de Monte Caseros y es investigado por la Justicia federal y provincial, con intervención de Gendarmería Nacional y actuaciones administrativas internas.
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Las resoluciones incluyeron decisiones unánimes, avances probatorios y citaciones, en el marco de expedientes que analizan presuntos delitos, conductas funcionales y responsabilidades disciplinarias de jueces en actividad.
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La conducción cegetista alertó sobre el clima político y anunció medidas de seguridad tras episodios que incrementaron la preocupación sindical.
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La sesión incluyó también los proyectos de Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal, y evidenció un escenario parlamentario fragmentado, con rechazos anunciados y negociaciones abiertas.
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El requerimiento alcanza a los estados contables y financieros de ambas entidades y se da en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, con pedidos de documentación adicional y explicaciones sobre cifras millonarias.
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