Río Cabaña Café es el nombre de una confitería ubicada sobre la Avenida Córdoba (presisamente al 4900). Detrás de esa fachada, el lugar funcionaba como un prostíbulo vip y estaba catalogado “exclusivo” y “lujoso”, según la declaración de varios testigos.

El acceso a los servicios se encontraba adentro de uno de los baños, detrás de una puerta espejada, que podía atravesarse presionando un botón automático que se encontraba debajo de la barra de la confitería.

Tras la puerta, el negocio de la trata de personas. Una escalera conducía directamente a los cuartos de las mujeres y al sitio en el que los dueños reservaban sus oficinas y manejaban el capital. El día del allanamiento hallaron encerradas a tres víctimas más.

Las mujeres trabajaban en dos horarios, por la tarde y la noche. Además del maltrato sexual, la tortura continuaba con violencia física, eran golpeadas por quienes manejaban el negocio de su explotación: muchas víctimas fueron subastadas, se las obligaba a consumir drogas e incluso a una la obligaron a abortar.

Este jueves 29 de agosto procedió el juicio que sentenció a los responsables del delito de trata de personas a penas de entre 10 y 17 años de prisión.

La condena

Bajo el delito de Trata de personas, los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo solicitaron ante el Tribunal Oral Federal N°4 las penas de entre 10 y 17 años de prisión a cinco acusados.

Los principales acusados son Horacio Alejandro Saran y Graciela Tomasi, la pareja dueña del lugar, condenados a 17 años de prisión y la pena máxima de multa, de $125.000, por considerarlos coautores del delito de trata de personas.

Otros condenados son el hermano de Horacio, Silvio Ángel Tomasi, quien habría funcionado como mano derecha de la pareja y encargado de la barra; y Gerardo Alberto Ketterer, encargado general del local. La pena para ambos será de 12 añis de prisión y el máximo de pena por multa por considerarlos coautores. 

Juan Carlos Milla -otro de los involucrados- fue considerado partícipe necesario, y por lo tanto, recibió una condena de 10 años.

Estos sujetos se encontraban detenidos desde hace un año (septiembre de 2018) dado que podían amenazar a las víctimas para que no declararan en su contra. Por otra parte, el juez Obligado dispuso la libertad de Juan Milla, quien se desempeñaba como mozo en la cafetería, aunque muchas veces oficiaba de encargado.

El juez solicitó que haya un resarcimiento monetario a las víctimas, acorde al tiempo que sufrieron la explotación. Dicha suma se extraerá del remate de los bienes que se halló en una cuenta en Suiza a nombre de los dueños: una cifra de un millón de dólares, aproximadamente. El resto será destinado Fondo de Asistencia a las Víctimas del delito de Trata de Personas.