El Gobierno creó por Decreto el Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios con el fin de formalizar un ámbito de trabajo que "garantice un abordaje integral, eficaz y articulado por parte de los distintos organismos involucrados del Estado".

A través del Decreto 123/2021 publicado este lunes en el Boletín Oficial, la iniciativa cuenta con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y las ministras Elizabeth Gómez Alcorta, Sabina Frederic y Marcela Losardo.

El objetivo es "establecer un ámbito de trabajo interinstitucional que garantice un abordaje integral, eficaz y articulado por parte de los distintos organismos involucrados del Estado Nacional, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en materia de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los femicidios, travesticidios y transfemicidios y de otras violencias extremas".

También se estableció que en un inició el Consejo se integrará, con las titulares de los ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos y de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Las funciones que deberá asumir el Consejo:

• Elaborar en forma conjunta los lineamientos para una política federal integral y unificada de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los femicidios, travesticidios y transfemicidios.
• Elaborar estándares, herramientas de gestión, protocolos, guías y criterios rectores generales de actuación teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.
• Unificar los sistemas de registro y gestión de la información.
• Promover mecanismos y circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos de violencias por motivos de género promoviendo la coordinación de acciones entre los organismos judiciales, de seguridad y las áreas de género con competencia en la materia a nivel nacional y local.
• Recomendar la elaboración y aprobación de normas que contribuyan con los objetivos propuestos.
• Promover el fortalecimiento de los dispositivos locales de asistencia integral de situaciones de violencia por motivos de género.
• Promover, en cada jurisdicción, la organización de mesas de trabajo locales con participación de los gobiernos locales, integrantes del poder judicial y ministerios públicos con competencia en cada jurisdicción, referentes de la sociedad civil, asociaciones de apoyo a las personas en situación de violencia y expertos y expertas en la materia.
• Redactar y elevar un informe anual de las acciones que se tomaron en las distintas provincias y en el ámbito nacional en el marco del presente Consejo, el que deberá ser enviado al Congreso de la Nación.