La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Matías Ezequiel Martínez fue condenado por los delitos de "lesiones leves agravadas en concurso con amenazas agravadas" por un hecho cometido en 2017.
Matías Ezequiel Martínez (25), el femicida de Úrsula Bahillo (18), fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por la causa de Belén Miranda, quien en 2017 lo denunció por violencia de género.
La semana pasada, la fiscal de juicio, María Fernanda Sánchez, solicitó la prisión efectiva para el acusado. En este contexto, fue por la mañana de este lunes que se efectuó el veredicto por el juez en lo Correccional 1 de Junín, Héctor Alberto Barbera.
Martínez fue condenado por los delitos de "lesiones leves agravadas en concurso con amenazas agravadas" y estos cuatro años de cárcel se unificarán con la eventual pena única de prisión o reclusión perpetua que le esperá al policía en caso de ser juzgado y condenado por el femicidio de Úrsula; según indicaron fuentes judiciales a Télam.
Miranda había tenido contacto con Úrsula antes de que fuera asesinada. Y en diversas declaraciones a medios, detalló situaciones de violencia por parte de Martínez, lo acusó de ser un "protegido" de sus compañeros policías y recordó el día que él la golpeó y la amenazó con un arma.
El juicio se realizó el jueves, donde Martínez reconoció su responsabilidad al tiempo que se leyeron sus cargos. "Ojalá se pudra en la cárcel por basura y haberle cagado la vida a tantos, te vas a morir ahí adentró Matías Martínez", escribió Miranda en Twitter.
Úrsula fue hallada el lunes 8 de febrero cerca de las 20.30 asesinada a puñaladas entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y en ese mismo lugar la policía apresó a Martínez herido.
El femicidio fue descubierto tras un alerta al 911 de un tío del imputado, quien refirió que creía que su sobrino había matado a una joven porque le confesó en un llamado que "se había mandado una cagada".
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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