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Desde el minuto cero la menor pidió el acceso a una Interrupción Legal del Embarazo pero cuando llegó al hospital, profesionales de la salud la convencieron de que no aborte y que lo de en adopción. Por primera vez en el país se adopta a una nonata y la pregunta es, ¿por qué?

El pasado jueves realicé esta nota en donde se plantea e intenta visibilizar la grave situación por la que atraviesan cientos de niñas abusadas en la provincia de Corrientes. Para eso, hablé con varias integrantes del Colectivo de Mujeres de dicha provincia y también con una funcionaria pública.
Acceder a información verídica ante alguna Interrupción Legal del Embarazo es muy complicado porque, además, el hermetismo con el que se manejan les profesiones de la salud, es total. Sobre todo en provincias como la de Corrientes, en donde la objeción de conciencia no es la excepción sino la regla.
De este modo y en vistas a esta problemática, la nota, así como muchas de las notas que estuvieron circulando de distintos medios, presentaba a este conflicto como algo actual. Luego de subirla a las redes, una colega de Corrientes (Clarisa Zacarias), me advirtió que la beba ya había nacido y que ya estaba bajo la custodia provisoria de la familia adoptante.
Ante esa situación, y luego de haber chequeado y rechequeado, desde la redacción de Filo.News decidimos bajar la nota porque no eran precisos los datos que las fuentes correntinas manifestaron.
Hecha esta aclaración, aquí la nota modificada y con el correspondiente fallo judicial sobre lo sucedido:
En Corrientes la única manera de acceder a una Interrupción Legal del Embarazo es a través de la Justicia. Por eso mismo, la joven de 17 años de Paso de los Libres, Corrientes, llegó en marzo de este año con un embarazo producto de una violación y un pedido claro: ILE.
En ese momento, luego de que la menor hable con el psicólogo forense y entendiendo que la joven ya tiene una hija de dos años, también producto de una violación, la Justicia le otorgó la intervención.
La joven llegó al nosocomio con 23 semanas de gestación y después de, sospecha el Colectivo de Mujeres, ser persuadida en una charla con psicólogos, en donde estos le advirtieron sobre supuestos riesgos a la hora de aplicar la ILE, la joven cambió de opinión. "...manifiesta que habiendo recibido información sobre las posibles consecuencias y/o riesgos de llevar a cabo un legrado en este período gestacional (23 semanas) ha cambiado de opinión y libremente ha decidido continuar con su embarazo para luego darlo en adopción…”, sostiene el fallo que, cabe destacar, se refiere al neonato como "el niño por nacer".
El problema fue que, aunque cambió de opinión y ya no quería interrumpir su embarazo, tampoco quería tener ningún tipo de contacto con la futura bebé. Ni verlo, ni darle de mamar ni siquiera pensar o repensar su decisión. Ante esta situación, la jueza Marta Rut Lagarreta decidió otorgarle la adopción del neonato. ¿Por qué? Si bien esta figura es compleja y está fuera de los márgenes legales, según el Código Civil, el proceso de adopción consta de 45 días luego del parto. En esos 45 días, la madre tiene contacto con el o la beba y puede arrepentirse. Pero en este caso, la menor no quería siquiera pasar por eso: "no quiero ver al bebe al momento del nacimiento, quiero que este la familia adoptante presente para evitar que el bebé quede conmigo", sostuvo ante la justicia.
Si bien la decisión, según la Jueza, fue lo mejor que se pudo hacer ante el contexto de un nacimiento, sienta un precedente peligroso. Por primera vez en nuestro país, un no nacido es considerado "persona" y adoptado desde el vientre.
Cuando la menor llegó a la Justicia, no sabía con certeza cuanto tiempo de embarazo llevaba ya que nunca antes había podido hacerse controles médicos. Su madre y su padrastro, quien la violó sistemáticamente desde que tenía 13 años, la mantenían cautiva en su casa. La pequeña logró escapar y se refugió en lo de su tía, quien la acompañó hasta el juzgado para pedir asistencia y solicitar el aborto.
En ese momento y embarazada por segunda vez de su padrastro se alertó que la menor se encontraba en un grado de vulnerabilidad extremo y que el violador no había siquiera sido denunciado. La joven quedó al cuidado de su tía, su madre involucrada en la causa y el padrastro preso.
Corrientes tiene una de las tasas de maternidad infantil más altas de nuestro país (nacen diez bebés por día cuyas madres tienen entre 15 y 19 años y cada tres días una niña de entre 10 y 14 años se convierte en madre a causa de una violación) y es una de las provincias autoproclamada "Provida". Bajo esa premisa, no sorprende que el accionar respecto al acceso de una interrupción Legal del Embarazo sea negligente.
No existe el protocolo de la Interrupción Legal del Embarazo por lo cual solo se puede acceder a un aborto no punible por medio de judicialización. Son los y las jueces quien deben autorizar o no el proceso y la intervención.
Cabe destacar que en caso de peligro para la vida de la madre o de violación, está previsto en el Código Penal de nuestro país desde 1921 y fue reafirmado recientemente por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que se ratifica el derecho y el Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) para que en estos casos se pueda producir la interrupción del embarazo incluso sin necesidad de que intervenga la justicia. Aunque, al parecer, no en Corrientes.
Y si bien en este caso la Justicia actuó otorgándole el derecho a una Interrupción Legal, dentro de los hospitales, la situación es muy complicada. Aunque sólo la pequeña y les profesionales de la salud son quienes saben lo que sucedió dentro de ese cuarto en donde cambió de opinión, el accionar no es muy distinto a lo que suecede constantemente en muchísimas provincias del país. Profesionales de la salud que manipulan a niñas víctimas de abuso para obligarlas a maternar.
Todo eso, además, dentro de un marco peligroso que vulnera el derecho de todas las mujeres abusadas a terminar con su embarazo sin importar el periodo de gestación y priorizando, a su vez, la decisión de la víctima.
Para finalizar y también para ubicarnos en qué tipo de poder es al que se enfrentan los movimientos feministas que buscan terminar con la tortura de estas niñas, desde el Colectivo de Mujeres correntino, nos cuentan que, por ejemplo, uno de los principales hospitales públicos de la provincia realiza publicaciones religiosas en sus redes sociales oficiales. O que al ingresar al nosocomio, una pancarta gigante a favor de "las 2 vidas", da la bienvenida al lugar. La salud, de laica, nada.

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