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Un día histórico para México. La Suprema Corte de la Justicia declaró inconstitucional penalizar la interrupción voluntaria del embarazo, en una votación unánime que garantiza que las personas gestantes de todo el país puedan acceder a este procedimiento.
De este modo, este 7 de septiembre se invalidó el artículo 196 del código penal del estado de Coahuila que imponía de uno a tres años de cárcel “a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento”.
"Con este criterio unánime a partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la corte y la constitución, procesar a mujer alguna(persona gestante) que aborte en los supuestos que ha considerado válido este tribunal", declaró el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, en declaraciones difundidas por la prensa local e internacional.
Fue el ministro Luis María Aguilar quien presentó el proyecto a la Sala Superior. "Hoy se destierra la amenaza de prisión que pesaba sobre las personas que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo", expresó.
Por su parte, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat destacó en su intervención que la Constitución federal no prohíbe el aborto y que su castigo se traduce en una sanción al ejercicio de derechos como el de la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad jurídica, la salud y la libertad reproductiva.
“A la luz de la Constitución, que no prohíbe el aborto, ¿puede el Estado castigarlo? Al castigarlo sanciona una conducta enraizada en una serie de derechos que posee la mujer y las personas con capacidad de gestar, y que participan de la decisión de abortar, como el derecho a la dignidad humana, a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad jurídica, a la salud y a la libertad reproductiva", manifestó.
Esta fecha vuelve a sentar un precedente en materia de derechos humanos para la región y toda Latinoamérica.
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