Micaela García tenía 21 años cuando Sebastián Wagner la violó y la asesinó a la salida de una discoteca en Gualeguay en 2017 en la provincia de Entre Ríos. Militante del Movimiento Evita, la joven participaba activamente del movimiento Ni Una Menos y su femicidio conmovió al país entero. 

A raíz del terrible crimen y la fuerte movilización social que generó la muerte de la joven, la exigencia por la capacitación hacia los organismos del Estado en perspectiva de género fue contundente y la Ley Micaela, una realidad.

El 18 de diciembre del 2018, con 171 votos a favor y uno en contra en Diputados y sancionada por el Senado por unanimidad, se creó la normativa que estipula la formación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado.

Para entender más de esta ley, Filo.News habló con la abogada feminista Sabrina Cartabia, quien nos explicó por qué es tan importante y qué sucederá con ella respecto al nuevo gobierno. 

"La ley Micaela es una norma que establece la sensibilización y capacitación de las personas que hacen parte del Estado en temas de género y violencia contra las mujeres. Es un mandato constitucional. Argentina firmó tratados de derechos humanos (la CEDAW y Belem do para) que generan la obligación de terminar con los estereotipos de género", explica la letrada.

Si bien la normativa corre desde el año pasado, Nestor García, el padre de Micaela, denunció meses después de su aplicación, que la ley no se cumplía como corresponde así como tampoco la Ley Brisa, otra victoria del movimiento feminista que supone la reparación económica para los hijos e hijas de progenitores víctimas de violencia familiar o de género. 

El gobierno de Mauricio Macri tuvo grandes deficiencias respecto a sus políticas públicas dirigidas a combatir la violencia de género y la Ley Micaela no fue la excepción. Pero con la llegada del peronismo al sillón de Rivadavia y la creación histórica del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, las expectativas respecto a su cumplimiento son altas. 

"Avanzar con la capacitación es clave para lograr vidas libres de violencias. La actual gestión ha demostrado en este primer mes de gobierno tener voluntad para dar este primer paso", explica Cartabia en la misma jornada en la que todo el gabinete del actual presidente Alberto Fernández participaron de una extensa y completa capacitación de la mano de la historiadora y senadora Dora Barranco. 

Si bien la violencia de género no se frena sólo con capacitaciones estatales, estas son fundamentales a la hora de avanzar hacia un Estado presente. En nuestro país muere una mujer cada 27 horas, la línea 144 está colapsada y tercerizada, las fuerzas de seguridad continúan perpetuando condenas y actitudes sexistas y según la Encuesta Nacional de Victimización sólo el 1% de los abusos sexuales son denunciados.

Este bajo número tiene que ver, entre muchas cuestiones, a las dificultades con las que se enfrenta una víctima a la hora de denunciar una violación en nuestro país. La revictimización y maltratos por parte de la Policía o de los y las integrantes del sistema estatal, suceden de forma sistemática y son las razones por las cuales muchas víctimas se niegan a realizar finalmente una denuncia. 

"La capacitación debe ser constante, la capacitación de la ley Micaela es un primer paso en una larga escalera que debe transitar la función pública para derribar los estereotipos de género que nos afectan", indica la abogada de Thelma Fardín. 

La Ley Micaela implica la formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones. La capacitación obligatoria abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y organismos descentralizados.

El plan de capacitación, que en principio estaba a cargo del Instituto Nacional de la Mujeres, que dirigía Fabiana Túñez, y el Ministerio de Modernización, ahora pasa a la cartera de la Mujer, Género y Diversidad.