Pasadas las 17.30, los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, comenzaron a leer la sentencia para los acusados en la causa mediatizada como Vialidad y dictaron una pena de 6 años e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

"Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a los cargos públicos y accesorias legales del proceso por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública: artículos 12, 19,20, 29 inc 3°, 40,41,45 y 174 inc 5° y último párrafo en función del 173 inc 7° del código penal de la nación, 403, 530 y 531 del código procesal de la nación", afirmó Gorini al leer la sentencia.

Los tres magistrados estuvieron de acuerdo en condenarla por administración fraudulenta. Sin embargo, sobre el delito de asociación ilícita por dos votos a uno quedó absuelta, solo Basso votó por condenarla por ese delito, Gorini y Uriburu dijeron que no hubo la pluralidad de delitos que reclama esa figura penal.

El tribunal también instó al decomiso de 84 mil millones de pesos: puntualmente, $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado.

“Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”, sostuvo el tribunal en un breve comunicado tras leer el veredicto.

Y agregó que la maniobra buscó “asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso: Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez”.

La Vicepresidenta habló tras la sentencia de los juces Gorini, Uriburu y Basso, y reafirmó que su sentencia "ya estaba escrita y redactada por el partido judicial". Además, afirmó que el año que viene no será candidata ni ocupará lugar en las listas, por lo que luego del 10 de diciembre de 2023 podría ir presa.

En la causa mediatizada como “Vialidad”, a su vez se condenó a unos ex funcionarios de gobierno y se sobreseyó a otros, por la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2005, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en las que resultó beneficiada de 51 obras la empresa Austral Construcciones, del empresario Lázaro Báez, para quien la TOF2 pidió 6 años de prisión en esa misma sentencia.

Para el tribunal existió “un perjuicio descomunal y sin precedentes para las arcas públicas” que tuvo como beneficiados a Lázaro Báez y a Cristina Fernández Kirchner.

El próximo 9 de marzo se conocerán los fundamentos de la sentencia. A partir de ese momento, las partes podrán apelar ante Casación. 

La primer instancia de apelación que tiene la Vicepresidenta es ante la Cámara Federal de Casación Penal, que puede confirmar o revocar la sentencia. Luego queda una instancia más en la que si las partes no están conformes con la resolución y consideran que se violó algún derecho constitucional en el proceso, pueden ir vía recurso extraordinario o recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ninguno de los organismos judiciales tiene plazos para resolver esos recursos.