La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti en la causa que investiga el intento de magnicidio en su contra, ocurrido el 1° de septiembre pasado, por su vinculación con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

"En épocas de derechas violentas -en alusión al intento de golpe de Estado ocurrido en Brasil-, anoche se presentó recusación contra la Jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado", informó la ex presidenta en su cuenta de Twitter. En ese mismo posteo, compartió la presentación -la segunda- que realizó.

Entre los fundamentos de la presentación realizada por los representantes de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, se señalan "las actividades incompatibles de la jueza Capuchetti". Es que -indican- el viernes pasado "se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un 'trabajo' (sic) rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

"Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana. Desde 2019, Capcuhetti pasó de ser investigadora a “Investigadora Senior” (Resolución No. 62/ISSP/19)", se detalla en el escrito.

"Luego -prosigue-, mantuvo este cargo. Así surge, por ejemplo, de la Resolución No. 2/ISSP/22, del 3 de enero de 2022, que designó a Capuchetti por un año como “Investigadora Senior” del organismo. Hace solo una semana, el 2 de enero de 2023, la Resolución No. 6/ISSP/23 extendió este plazo por un año más". 

En el documento, los letrados remarcan que el ISSP "no es un órgano con fines académicos, sino políticos". "Aun si realiza actividades académicas, estas actividades tienen un objeto estrictamente político", aclaran. Y sostienen: "Esto es central porque implica que participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica, más allá de lo que se haga en el organismo".

Los letrados de la vicepresidenta señalaron que "las tareas de investigación y planificación de políticas públicas para un organismo ejecutivo están netamente prohibidas para los jueces. Y, como vimos, el Observatorio del ISSP no tiene entre sus funciones las actividades de docencia, por lo que, si Capuchetti hace algo además de cobrar un sueldo, es diáfano que es algo incompatible con su cargo". 

También observaron los representantes legales de la expresidenta que la "autoridad política" de ese organismo es el ministro de Seguridad y Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, lo cual "tiene un doble impacto: por un lado, se trata de una persona que ha realizado un viaje ilegal con empresarios de medios y jueces a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, y de quien se han conocido mensajes en los que queda muy claro su rol en la manipulación de causas judiciales contra Fernández de Kirchner y el espacio político que integra". 

"Por otro lado -añadieron-, el Ministerio de Seguridad de la CABA tiene a su cargo a la policía de la Ciudad, que debería haber sido investigada en estas actuaciones (como lo fue la Policía Federal) pero respecto de la cual la jueza no dispuso una sola medida".

"En pocas palabras, Capuchetti cobra dinero y asesora a un organismo del que depende una fuerza de seguridad a la que explícitamente omitió investigar", aseveraron los abogados.

Por todo lo expuesto, pidieron que se aparte a la magistrada de la causa que investiga el intento de homicidio contra la ex presidenta.