Entre enero y octubre del año pasado, 22 de las 24 provincias argentinas registraron incendios forestales. Así surge de un informe recientemente difundido por Amnistía Internacional. Allí, se detalla que más de 560.000 hectáreas -de acuerdo a las cifras del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF)- resultaron afectadas entre enero y octubre del año pasado. Además, al momento de la publicación del análisis, se registraba un incendio forestal en Tierra del Fuego que en sólo dos semanas, consumió unas 9.000 hectáreas.

En el documento, la organización alertó sobre la expansión de las situaciones de emergencia ígnea a lo largo de todo el territorio nacional y su impacto en derechos humanos, y advirtió que los incendios forestales "tienen un impacto a largo plazo en el ecosistema: la pérdida de vegetación, árboles o bosques nativos que puede tardar décadas en regenerarse -o no hacerlo nunca-; la fauna, con la pérdida de especies y animales silvestres; así como el impacto en las poblaciones que allí habitan".

"Es importante tener en cuenta que las acciones humanas son responsables del 95% de los incendios, por negligencia, fogones mal apagados y la quema intencional de pastizales. Además, la proliferación de los incendios forestales se explica por el cambio climático: altas temperaturas, intensas sequías, bajos niveles hídricos", resaltó Amnistía. "Todas estas condiciones hacen que los territorios sean más propensos a incendios o que éstos se propaguen más rápidamente", agregó la organización.

El informe toma cifras del SNMF. Sin embargo, advierte que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA) reporta cifras sustancialmente superiores a las del SNMF, habiendo contabilizado tan solo en Corrientes más de 1 millón de hectáreas devastadas por incendios.

En otro tramo del informe, se estima que la recuperación tras los incendios podría costarle al país entre 1.000 y 3.700 millones de dólares por año.

"Los incendios reiterados ponen en agenda la necesidad de avanzar con urgencia en materia de políticas ambientales de protección. A esta situación se suman las extremas condiciones climáticas, como la sequía, las olas de calor intensas y los niveles hídricos bajos. Todo ello genera múltiples efectos sobre las personas, las comunidades y los territorios", señaló Amnistía entre las conclusiones.

A su vez, resaltó la necesidad "urgente" de tratar en en el Congreso la Ley de Humedales.

"Los humedales tienen un rol clave de mitigación y en la prevención de los incendios. Las llamas en el Delta del Paraná, que atraviesa una baja hídrica sin precedentes, evidenciaron como estos canales de agua ayudan a prevenir el avance del fuego", indicaron.

"Es esencial que el Estado argentino avance en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de protección del ambiente y los derechos humanos", cerró Amnistía.