Las mesas en las veredas y la instalación de espacios gastronómicos, con estufas, plantas o ventiladores incluidos, se transformaron en una postal urbana, con un crecimiento exponencial durante la pandemia del coronavirus. 
Sin embargo, con la vuelta a la normalidad, comenzaron a aparecer voces contrarias a esas áreas, especialmente porque dificultan el tránsito de vehículos y disminuyen considerablemente los espacios para estacionar en la mayoría de los barrios porteños. 
Se estima que hay aproximadamente 4.000 de estos decks, la mayoría instalados a partir del segundo semestre de 2020, cuando el Gobierno de la Ciudad flexibilizó los requisitos con el objetivo de permitir que la gastronomía vuelva a funcionar en el contexto de distanciamiento que exigían los protocolos de salud pública.

 
En algunas ciudades, como La Plata por ejemplo, la Municipalidad ya decidió que las estructuras deben ser desarmadas y comenzó a enviar intimaciones a los negocios para que no haya demoras. 
Los comercios deberán pedir permiso para colocar mesas y sillas como se hizo históricamente, pero ya no podrán apropiarse en forma permanente de la vereda y mucho menos poner mamparas, techos, luces y hasta televisores, como ocurre en algunos casos. 
En la ciudad de Buenos Aires por ahora no hay ninguna medida de ese tipo, e incluso todavía funcionan la mayoría de las áreas peatonales creadas durante la pandemia por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad, pese a que la actividad volvió a la normalidad. 
En barrios como Palermo, Recoleta o Belgrano incluso se da la situación de locales, en su mayoría cervecerías, que funcionan sólo los fines de semana o algunas horas por la noche y sin embargo ocupan amplios espacios de calles y veredas durante todos los días. 
En otros casos, los comensales prefieren ubicarse en el interior del negocio para evitar robos, arrebatos o la presencia constante de vendedores ambulantes y sólo se ocupan en el exterior un porcentaje mínimo de mesas. 
De acuerdo a la norma aprobada en agosto del 2020, los comerciantes deben dejar al menos un metro y medio para pasar a pie en veredas de cuatro metros de ancho y dos metros si el ancho de la vereda es mayor. 
Sin embargo, en ocasiones en las que hay mucha demanda, toda el espacio es ocupado y los peatones deben cruzar la calle para poder transitar. 
Ante la demora del gobierno porteño en resolver el tema, en algunos barrios, como Núñez, los vecinos ya comenzaron a manifestar su disconformidad con carteles en balcones y ventanas. 
Y la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, una ONG dedicada a proteger el espacio público, presentó un recurso de amparo contra el GCBA para que tome cartas en el asunto.

 
Para que la denuncia no sea abstracta se personalizó en el caso de una rotisería ubicada en la calle Grecia al 4100, donde se instalaron mesas y sillas en la ochava de la esquina, ubicación que además tiene su propia reglamentación. 
En la demanda presentada se menciona textualmente que “de acuerdo al artículo 9.8.10.e del Código de Habilitaciones y Verificaciones, no se permite la ubicación de áreas gastronómicas en las partes de las aceras comprendidas entre las líneas imaginarias perpendiculares al cordón que pasan por los vértices de la ochava”.  
“También, en virtud del art. 9.8.5 del Código de Habilitaciones y Verificaciones se debe dejar un corredor libre mínimo de dos metros entre el área gastronómica y la Línea Oficial de Edificación”, se indica.  
Esta situación particular que se denuncia en la esquina de Grecia y Ruiz Huidobro se multiplica en casi toda la ciudad, con el agravante que los de decks además se ubican en espacios en los que antes se podía estacionar. 

Por esa razón, el Observatorio plantea que “el descontrol de la ocupación del espacio publico por las áreas gastronómicas impele a adoptar una nueva regulación que establezca un control más democrático y eficiente".  
"Por otra parte, también debería modificarse la regulación que dispone que los permisos para la instalación de las áreas gastronómicas son totalmente gratuitos, ya que la privatización del espacio público para actividades comerciales no debe ser sin contraprestación en un contexto de crisis habitacional y alimentaria en la ciudad", se agrega entre los argumentos presentados.  
Por último, plantea que “debería requerirse la conformidad de los habitantes de las residencias ubicadas al lado de los locales gastronómicos, arriba o que se encuentren en el mismo consorcio. Los intereses económicos de los locales gastronómicos no deben estar por arriba de los derechos a la calidad de vida, al descanso, a la salud y a la privacidad de los residentes aledaños” a esos comercios.