Esta mañana se dio a conocer la sentencia del juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, el joven mapuche que fue asesinado por integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura en una violenta persecución y represión, tras un intento de desalojo en Villa Mascardi ocurrido el 25 de noviembre del 2017.

El Tribunal condenó al agente Sergio Cavia a cinco años de prisión como autor de homicidio agravado por uso de arma de fuego en exceso de la legítima defensa, y a ocho años de inhabilitación para ejercer como funcionario público.

Por su parte, los prefectos Francisco Javier Pintos; Juan Ramón Obregón; Carlos Valentín Sosa y Sergio García recibieron una pena de cuatro años y seis meses como partícipes necesarios y además siete años de inhabilitación.

El juicio oral y público comenzó el 14 de agosto de este año, luego de un pedido de la Secretaría de Derechos Humanos para que se estableciera la fecha sin más dilaciones y en cumplimiento del compromiso asumido con la familia de la víctima, para garantizar un proceso justo que no deje impunes hechos de esta naturaleza.

Los prefectos llegaron a juicio imputados por la fiscalía como co-autores de homicidio por exceso en la legítima defensa, mientras que la Secretaría en su rol de querellante pidió prisión perpetua para los cinco imputados.

Durante el desarrollo de las audiencias, el equipo de abogados de la Secretaría buscó probar que se trató de un homicidio calificado, en el marco de una persecución deliberada con disparos de munición letal a miembros de la comunidad mapuche que escapaban arrojando piedras. En el alegato final, se explicó, entre otros aspectos, que los imputados dispararon al menos 151 veces con munición letal, que tenían la indicación de esperar refuerzos y que, sin embargo, desobedecieron la orden y salieron a matar.

Al finalizar la audiencia de lectura del veredicto, el secretario Pietragalla Corti confirmó que la Secretaría va a apelar la sentencia y destacó que “la Justicia condenó a los cinco responsables del asesinato de Rafael Nahuel y determinó que no hubo legítima defensa por parte de los prefectos como planteaba en su momento Patricia Bullrich”. El funcionario sostuvo además que “el fallo demuestra que la violencia institucional y la represión en el marco de una protesta no puede ser llevado adelante con armas letales”.

“La paradoja de esta situación es que hoy hay cinco condenados por seguir órdenes de un Ministerio, y que quien dio esas órdenes que terminaron con la vida de Rafael Nahuel e hirió a otras personas, tiene posibilidad de ser nuevamente ministra de Seguridad", agregó Pietragalla.

Estuvieron presentes en la audiencia los padres, familiares y amigos de Rafael Nahuel, acompañados por el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski y el equipo de abogados y abogadas de la Secretaría, y la querella de los padres y la APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.