A 3 años de la aprobación de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, Amnistía Internacional publicó el informe “No se ejerce un derecho que se desconoce 2” en el que da continuidad al monitoreo de información que comenzó hace más de dos años.

Allí señala que, si bien hay diferencias entre las provincias, en general existen déficits significativos en la producción y publicidad de información, y en la rendición de cuentas.

Bajo ese marco, explica que en muchos contextos las mujeres y personas gestantes siguen enfrentando desafíos para acceder a datos de calidad sobre aspectos esenciales para el ejercicio de sus derechos, incluyendo el conocimiento sobre a dónde y cómo acceder a un aborto.

La normativa indica que los Estados tienen la obligación de producir la información, eliminar normas y prácticas que impliquen la violación del derecho al aborto, e introducir medidas conducentes a su implementación.

De esa manera, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, detalló: "Lograr la efectiva implementación de la ley exige que se desarrollen políticas públicas para garantizar la disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva, capacitar a profesionales, garantizar el acceso a la medicación, fortalecer el acceso a atención post evento obstétrico, robustecer el ejercicio de la educación sexual integral y garantizar el acceso a la información, entre otras cuestiones que aún deben mejorar".

Además, agregó: "En tiempos de ataques hacia la libertad de las mujeres es importante que todas puedan acceder plenamente a sus derechos”.

En ese sentido, ¿por qué es relevante la información? El reporte destaca que es necesario tener todas las herramientas necesarias y que la "falta de datos tiene un impacto muy concreto en las personas, las expone a situaciones de destrato, trato indigno o violento, refuerza sentimientos de culpa y miedo, pone en riesgo su salud física con motivo de la demora en el acceso, y afecta su salud mental".

Al mismo tiempo, la información es una herramienta clave para la política pública: es fundamental para la planificación y la evaluación del funcionamiento del sistema de salud.