El clima de tensión política entre el gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei y algunas provincias argentinas parece no encontrar calma. En esta ocasión, el foco de conflicto se enciende nuevamente entre el mandatario radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la administración central, tras la decisión de eliminar los anticipos de pagos a las cajas de jubilaciones provinciales.

El secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, fiel aliado del gobernador Pullaro, denunció esta medida como una "apropiación indebida de fondos" por parte del Estado nacional. El funcionario criticó al presidente, argumentando que mientras busca el consenso de los gobernadores, simultáneamente "lleva a cabo recortes de fondos a las cajas jubilatorias provinciales a través de decretos".

La controversia se desencadenó a partir del decreto 280/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial, el cual modificó la prórroga de la Ley de Presupuesto 2023. Este decreto, que prorroga el ejercicio anterior debido al contexto electoral del año pasado, incorporó cambios que afectan directamente a las provincias. Entre las modificaciones, se encuentra la derogación de la prórroga de los recursos destinados a las cajas jubilatorias provinciales, así como la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior.

Específicamente, en lo que respecta a las jubilaciones de empleados públicos provinciales, la medida dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la Ley de Presupuesto 2023, los cuales establecían la transferencia de anticipos mensuales por parte de la ANSES a las provincias que no han transferido sus regímenes previsionales al Estado nacional.

Santa Fe se encuentra entre las trece jurisdicciones afectadas por esta medida, lo que generó preocupación en el gobierno provincial y en los beneficiarios del sistema jubilatorio. Según datos oficiales, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe cuenta con alrededor de 100.356 beneficiarios, con un promedio de jubilaciones de $571,503 y pensiones de aproximadamente $335.060.

Boasso destacó que la deuda de Nación con Santa Fe asciende a unos 700 mil millones de pesos, una cifra significativa que, según él, podría destinarse a importantes obras en la provincia. El funcionario provincial pidió una mayor federalización y exigió la aprobación urgente de una ley de coparticipación inversa, que permita a municipios y provincias recaudar fondos y luego coparticipar con la Nación.