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El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, aseguró que el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad de la Nación "no renovaron las recompensas para quienes aporten información sobre represores y genocidas".
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El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, arremetió contra el gobierno nacional liderado por Javier Milei, denunciando el presunto desmantelamiento del sistema de recepción de información y análisis de documentos sobre la Última Dictadura Cívico Militar.
El principal argumento de Mena se centra en la presunta "falta de renovación de las recompensas" para aquellos que aporten información sobre represores y genocidas, así como en el inicio del desmantelamiento de los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental, encargados de colaborar con la justicia en la investigación de crímenes de lesa humanidad. Estas decisiones, según el ministro, ponen en peligro la lucha contra la impunidad y contradicen el compromiso asumido por el gobierno en la búsqueda de verdad y justicia.
"Estas decisiones respecto del crimen más grave que pueda existir, como es el genocidio, muestran que 'el que las hace las paga' es solo un slogan y puro marketing. No solo buscan impunidad, sino que le mienten en la cara a todos los argentinos. Sean más serios en la lucha contra el delito y el crimen organizado. Sobre todo si queremos terminar de verdad con el flagelo del narcotráfico", señaló Mena, quien también es ex viceministro de justicia de la Nación.
Las acusaciones del funcionario generaron reacciones encontradas en el ámbito político. Mientras que sectores afines al gobierno de Milei negaron rotundamente las acusaciones, argumentando que se trata de una estrategia de desinformación por parte de la oposición, otros sectores expresaron su preocupación por el presunto retroceso en la política de derechos humanos del país.
En este sentido, es importante recordar que Argentina ha sido pionera en la búsqueda de verdad y justicia respecto a los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, estableciendo mecanismos de memoria, verdad y justicia. El desmantelamiento de estos mecanismos podría significar un paso atrás en la consolidación de una democracia plena y en el respeto a los derechos humanos.

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