Tras el fallo que responsabiliza a Hezbollah e Irán por atentados perpetrados contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 y la Embajada de Israel en 1992, el Gobierno argentino reforzó la seguridad en puntos sensibles ante la posibilidad de nuevos ataques terroristas, mientras la justicia revisa condenas y absuelve a algunos implicados.

La orden directa del Gobierno de reforzar la seguridad en aeropuertos, embajadas y centros culturales y religiosos judíos no ha pasado desapercibida. 

Patricia Bullrich, titular del Ministerio de Seguridad, junto a Vicente Ventura Barreiro, secretario del área, reforzaron la seguridad en aeropuertos, embajadas y centros culturales y religiosos judíos. Desde el ministerio aseguraron que estas acciones responden a un simple protocolo y no a una amenaza específica.

El veredicto de la Casación Penal desencadenó un remolino de reacciones en el ámbito judicial. La rebaja de condenas para algunos implicados, como el ex juez Juan José Galeano, y las absoluciones de otros, entre ellos el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, generaron un debate sobre la responsabilidad y la justicia en estos casos emblemáticos.

Mientras Galeano ve reducida su pena, otros como los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia mantienen su sentencia, lo que subraya la complejidad y las contradicciones en torno a estos procesos judiciales.

Uno de los aspectos más destacados de la resolución judicial es el llamado al Estado argentino para que formule un reclamo formal en tribunales internacionales contra la República Islámica de Irán. Esta acción, que busca llevar la causa a una dimensión global, plantea nuevos desafíos diplomáticos y jurídicos para el país.