La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Sin embargo, continúa la preocupación por la recomposición salarial, investigación e infraestructura.
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires se reunió este miércoles 15 de mayo y suspendió la emergencia presupuestaria declarada el pasado 10 de abril.
Esto surge a partir del refuerzo que el Gobierno Nacional aprobó tras las negociaciones con las autoridades de la Universidad. Este presupuesto está destinado exclusivamente al funcionamiento operativo de esta institución.
Se trata de una actualización del 270% interanual respecto del presupuesto sancionado para la universidad en 2023 y de 300% para hospitales universitarios y aquellas funciones de la universidad vinculadas al área asistencial.
Sin embargo, continúa la preocupación por la recomposición salarial, investigación e infraestructura manifestando la necesidad de llegar a un nuevo acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional y los representantes sindicales de las Universidad Nacionales.
En ese sentido, el Consejo Superior de la Universidad se manifestó a favor de la sanción de una Ley de Financiamiento Universitario que establezca parámetros objetivos en la distribución del presupuesto de las universidades nacionales, así como también un criterio de actualización que permita mantener año a año, y a lo largo del mismo, el poder adquisitivo de las asignaciones presupuestarias realizadas.
"Gracias a que la sociedad se expresó con contundencia en defensa de las universidades públicas, el gobierno actualizó los gastos de funcionamiento de la UBA (aprox. 300%) para que no tenga que cerrar. Es un triunfo de todos los que apostamos a la educación para un mejor futuro", sostuvo Emiliano Yacobitti.
Luego agregó: "También es importante que esta corrección sea para todo el sistema y no solo para la UBA. Sentarnos a discutir un presupuesto para el 2025 que contemple los reajustes inflacionarios necesarios, y que se sancione una ley de financiamiento universitario".
En ese sentido, al menos 60 universidades nacionales manifestaron que aún no alcanzaron ningún arreglo con las autoridades y solicitan que se les transfiere la misma plata que la arreglada para la UBA.
Estamos en plena discusión viendo si nos dan lo mismo a todos. Si no, habrá problemas”, indicó el rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo.
Desde el CIN señalaron además, que el acuerdo con la UBA es una “discriminación federal injusta” para con el resto de las instituciones que se encuentran en las mismas o perores situaciones económicas, ante el congelamiento del presupuesto nacional y la suba de los costos atados a la inflación.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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