Santiago Omar Riveros, una figura central del terrorismo de Estado en Argentina, falleció este viernes a los 101 años. A su avanzada edad, era la última figura jerárquica del Ejército implicada en violaciones masivas a los derechos humanos durante la dictadura militar. Comandó los Institutos Militares entre 1976 y 1978, siendo responsable de atrocidades en Campo de Mayo, y se desempeñó como embajador en Uruguay de 1981 a 1983.

Nacido en Villa Dolores en 1923, fue importante para la Junta Interamericana de Defensa en dos ocasiones, ya que en enero de 1976, proclamó la supuesta derrota del Ejército Revolucionario del Pueblo tras el copamiento del cuartel de Monte Chingolo. Sin embargo, sus declaraciones fueron parcialmente desmentidas por el jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla. Y, cuatro años más tarde, en 1980, defendió las acciones militares en la Junta, con palabras que quedaron registradas en el prólogo del informe "Nunca Más": "Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los comandos superiores".

En su tiempo en Campo de Mayo, Riveros fue responsable de los centros clandestinos "El Campito" y "Las Casitas", además del Hospital Militar y la Prisión Militar de Encausados. En estos lugares se llevaron a cabo graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo partos de mujeres secuestradas.

Tras el retorno de la democracia, fue mencionado en el Juicio a las Juntas por el expresidente de facto Alejandro Agustín Lanusse, quien relató un tenso intercambio con Riveros y Reynaldo Bignone sobre el accionar clandestino de los militares. "Hay oportunidades en que es preferible no vivir, general Riveros. Además usted no tiene jerarquía ni atribuciones como para pretender indicarme a mí cómo debo proceder", señaló Lanusse.

Riveros enfrentó a la justicia tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, así como la nulidad del indulto otorgado por Carlos Menem en 1989. En 2009, fue condenado a prisión perpetua por el brutal asesinato del adolescente Floreal Avellaneda. En 2012, fue condenado por el robo de bebés junto con Videla y Bignone, y en 2018, por los crímenes de obreros de Ford, en un juicio que también involucró a directivos de la empresa automotriz.

Finalmente, en diciembre de 2023, Riveros sumó su decimotercera condena a perpetua por el secuestro, torturas y asesinato de Mario Hernández. Al momento de su muerte, cumplía arresto domiciliario.