Este miércoles, organizaciones sociales protestaron en la Quinta de Olivos a raíz de que el Gobierno pretende desregular las prestaciones y los tratamientos destinados a personas con discapacidad, que actualmente son sostenidos por el Estado y las obras sociales. 

En ese sentido, cientos de familiares, educadores y acompañantes terapeúticos se manifestaron por la mañana en las inmediaciones del predio residencial ubicado en la localidad de Olivos, en el partido de Vicente López. Como consecuencia se cortó la avenida Maipú, entre las calles Malaver y Villate, mano hacia el norte bonaerense.

El reclamo comenzó cuando el viernes se filtró una resolución que programa la desregulación del Nomenclador Nacional que fija los aranceles al Sistema de Atención a Personas con Discapacidad.

La movilización se extendió en Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucuman, Salta, Chaco y más puntos del país.

El Foro Permanente Discapacidad, señaló en un comunicado que la situación es "gravísima" y que pone al sector "en estado de alerta". 

"Hoy existe un nomenclador que plantea cuáles son las prestaciones y servicios en Discapacidad y el valor que tiene cada una. El documento proyecta que ya no habrá un nomenclador único, sino que pasaría a haber aranceles de: PAMI, Incluir Salud y otros", menciona el comunicado. 

En esa línea, si el proyecto se aprueba, "cada uno de estos entes tendrá su propio valor de prestacines" y como consecuencia "crea una diferencia injusta para las personas con discapacidad según dónde estén afiliadas".

Además, como otro punto a tener en cuenta, la organización sostiene que "desde hace tiempo los Sindicatos advierten públicamente que el dinero destinado a Discapacidad es 'un gasto que se debe reducir'"

Han propuesto, entre otras cosas, dejar de pagar Inclusión Escolar -como Servicios de Inclusión Educativa, los Centros Educativos Terapéuticos, los Centros de Día y el transporte- porque "las Obras Sociales tienen que ver con Salud y no con Educación".

La preocupación radica en que Superintendencia de Servicios de Salud "podría plantear un ajuste al fijar propios valores, es decir lo que las Obras Sociales deben pagar. Además, las prestaciones individuales corren riesgo de pasar al Programa Médico Obligatorio (P.M.O.), que implica una reducción al 25% de hoy. Este posible ajuste que no sólo hace que los valores vayan por detrás de la inflación, es un colapso seguro al funcionamiento del Sistema de Atención a Personas con Discapacidad".

Por último, realiza un llamado urgente al Gobierno Nacional para que "lo den de baja de manera inmediata". Y concluyeron: "No podemos permitir que se sigan avasallando los derechos de las personas con discapacidad, las instituciones y trabajadores del sector".