Bajo de la premisa del déficit cero, el Gobierno ratificó que vetará el aumento a las jubilaciones que este jueves debate el Senado y que ya cuenta con media sanción de Diputados.

"Todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal, que es nuestra columna vertebral, se va a vetar", dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa de este jueves en Casa Rosada, mientras la Cámara Alta debatía el proyecto que prevé una recomposición del 8,1% para los jubilados -para alcanzar el 20,6% de inflación de enero- y una reforma la fórmula de movilidad que el Gobierno estableció por Decreto.

"Si sale como está prevista, seguramente el poder ejecutivo la va a vetar", ratificó el jefe de Gabinete Guillermo Francos. "No estamos en condiciones de cargarle a los gastos del Estado el incremento que se pretende", indicó.

El proyecto de reforma de la movilidad jubilatoria que ya cuenta con media sanción de Diputados mantiene las actualizaciones en base al IPC del INDEC, pero, además, otorga una recomposición del 8,1% -que se sumaría al 12,5% que otorgó el Gobierno, para así alcanzar el 20,6% de inflación de enero de este año-; establece una actualización anual, en marzo de cada año, en base al incremento de los salarios y obliga al Ejecutivo a saldar las deudas con las cajas previsionales de las provincias y las sentencias firmes. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, tendría un impacto de 0,4% del PBI.

Pese a los intentos del oficialismo, la letra original de la iniciativa obtuvo dictamen de mayoría y hoy se debate en el Senado, donde se encamina a convertirse en ley.

Si el presidente Javier Milei cumple con su advertencia de vetar la medida, el Congreso promete insistir con los dos tercios de cada cámara, con lo cual dejaría firme la ley y bloquearía el veto presidencial.

De este modo, una nueva derrota en el plano legislativo profundizaría la crisis que atraviesa el oficialismo, que este miércoles vio como la oposición, pero también sus aliados, en la Cámara de Diputados, rechazaron el Decreto de Necesidad y Urgencia que asignó 100.000 millones de pesos de fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia. Por ahora, la Resolución sigue en pie, pero la oposición podría conseguir una mayoría similar en la Cámara alta y voltearlo definitivamente.