El Poder Ejecutivo reglamentó la ley que introduce el concepto de "silencio positivo", permitiendo que, a partir del 1 de noviembre, cualquier empresario o particular que reclame la propiedad de un bien del Estado pueda obtenerlo si el Gobierno no responde dentro de un plazo determinado.

Esta medida ha generado fuertes críticas desde la oposición, que advierte sobre el riesgo de facilitar "negocios inmobiliarios" a favor de grandes empresas.

El "silencio positivo" está incluido en el artículo 31 de la Ley Bases, una de las normas aprobadas por el oficialismo en el Congreso. Esta modifica la de Procedimiento Administrativo 19.549, que interpretaba el silencio administrativo como una negativa, salvo que una disposición indicara lo contrario, con un plazo de respuesta de 60 días.

Con la nueva reglamentación, si el Estado no se pronuncia dentro del plazo estipulado, se considerará que la respuesta es afirmativa. La Decisión Administrativa 836/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la canciller Diana Mondino, establece que a partir de noviembre, las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados, deberán implementar este principio en procedimientos administrativos relacionados con la obtención de autorizaciones, utilizando la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) o el sistema que corresponda.

La oposición no alineada al Gobierno ha cuestionado esta medida, argumentando que podría dejar desprotegidos los inmuebles del Estado y facilitar que grandes empresas que ocupan terrenos sin permiso puedan apropiarse de ellos legalmente.