Tras vetar la ley de reforma jubilatoria, el presidente Javier Milei fue denunciado por supuesto "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

De acuerdo a NA, la abogada Valeria Carreras efectuó la presentación, que también incluyó al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, ante los tribunales federales de Retiro.

En ese sentido, la denuncia quedó a cargo del juzgado federal 11, que subroga el juez Julián Ercolini. Además, la letrada pidió que se de intervención a la UFI PAMI, unidad fiscal especializada en delitos previsionales.

Bajo ese marco, Carreras argumentó: "Con el veto a la ley de movilidad jubilatoria que significaría un aumento ínfimo, pero un aumento al fin para el sector pasivo, y una formula de actualización mínimamente realista, estamos frente a una conducta que podría tipificarse no solo como el incumplimiento de deberes de funcionario público, al no cumplir con leyes y tratados internacionales, sino también frente a conductas que podrían encajar en un plan sistemático contra los pasivos de nuestra sociedad".

Al mismo tiempo, sostuvo que el veto presidencial debería investigarse "no como un hecho aislado, sino como parte de toda una política de maltrato al adulto mayor, que llevan no solo a incumplir con la garantía de derecho humano básico como derecho a la vida, a la dignidad y a la salud, sino también como un ataque desde el Estado a los más vulnerables".

A su vez, en la denuncia también mencionó la decisión de "quita de cobertura al 100% de 44 medicamentos" a los afiliados a la obra social PAMI, "todo ello en perjuicio de al menos más de 5 millones de beneficiarios".

Finalmente, agregó: "La denuncia que formulo, tiene basamento, en la gravedad que estas medidas del Poder Ejecutivo, revisten ya no solo por incumplir con los Tratados internacionales, no solo por incumplir con la Constitución Nacional, sino por atentar contra la vida de un sector de la sociedad, el sector más vulnerable, nuestros mayores".