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El Decreto fue publicado este jueves en el Boletín Oficial, luego de la masiva marcha contra los recortes en el presupuesto de las universidades nacionales.

El Gobierno publicó el veto a la Ley de Financiamiento. La decisión había sido ratificada a última hora de este miércoles por la Casa Rosada, luego de la masiva movilización contra los recortes en el presupuesto para las universidades nacionales.
"El proyecto de ley sancionado por el Congreso es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento", dice el texto del Decreto 879/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y todo el Gabinete nacional.
La Ley 27.757, impulsada por la UCR, fue aprobada por amplia mayoría en ambas Cámaras y busca garantizar el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales. Con esa premisa, establece que el Poder Ejecutivo deberá aumentar las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de estudios y actualizar los salarios del personal docente y no docente.
Entre los considerandos, el Poder Ejecutivo advirtió que "dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo".
En ese sentido, la administración libertaria indicó que "la eventual aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569 millones". Se trata de una cifra superior a los 738 mil millones de pesos, equivalentes al 0,14% del PBI, que había calculado la Oficina de Presupuesto del Congreso.
"La responsabilidad asumida por el Poder Ejecutivo es lograr el equilibrio fiscal, mantenerlo a largo plazo y cuidar los escasos recursos con los que cuenta el Estado Nacional, restablecer el orden de las cuentas públicas y estabilizar la macroeconomía.
La firma del veto pondrá nuevamente a prueba la capacidad de negociación del Gobierno. Es que ahora, se abre una dura etapa de negociaciones con sus aliados legislativos para construir una mayoría que le permita sostener el veto en el Congreso.

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