El tribunal argumentó que sus problemas de salud crónicos no pueden ser tratados adecuadamente en la cárcel.

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En su relato, los fiscales destacan que el relato de la denunciante presentaba "incoherencias" y carecía de "criterios de credibilidad".

A tres meses de la denuncia por abuso sexual contra los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou, los fiscales de la causa pidieron su sobreseimiento por falta de pruebas. El requerimiento fue presentado por la fiscal Daniela Chaler, jefa de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, y el fiscal Darío Nora.
La audiencia será presidida por la jueza Eleonora Arenas, quien fijará la fecha y hora para que se presenten las partes involucradas. Los acusados, que se encuentran en Francia, podrían participar de la audiencia de forma virtual. En el pedido de los fiscales, se destacó la necesidad de una audiencia de al menos tres horas, donde se proyectarán videos y audios como pruebas.
Los rugbiers fueron autorizados a salir del país el 2 de septiembre, tras haber permanecido 35 días detenidos en Mendoza, parte de ese tiempo en prisión domiciliaria. Una de las pruebas clave para el pedido de sobreseimiento fue el informe pericial de la denunciante, sobre el que los fiscales señalaron que su relato presentó "incoherencias" y carecía de "criterios de credibilidad". Además, los audios que la denunciante envió a una amiga la noche de los hechos y el testimonio de testigos debilitaron su versión.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 7 de julio en Mendoza, después del primer partido de la gira del seleccionado francés en Argentina. La denunciante, de 39 años, acusó a Auradou y Jegou de abuso sexual en la habitación de un hotel. Los rugbiers fueron detenidos en Buenos Aires el 8 de julio y trasladados a Mendoza, donde permanecieron en una cárcel transitoria y luego bajo arresto domiciliario.
El abogado de los rugbiers y hermano del ministro de Justicia, Rafael Cúneo Libarona, expresó su satisfacción con el pedido de sobreseimiento, afirmando que las pruebas demostraron "la inexistencia del delito denunciado".

El tribunal argumentó que sus problemas de salud crónicos no pueden ser tratados adecuadamente en la cárcel.
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