A 24 horas de que la Cámara de Diputados trate el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el diputado de Unión por la Patria (UxP), Leandro Santoro, dijo que "hay una diferencia a favor" de sostener la decisión presidencial.

Entrevistado este martes por radio La Red, el legislador aseguró que la contienda está "palo a palo". "Hasta que no se vote, nadie tiene certeza de qué va a suceder, porque acá juegan las ausencias, y eso altera el número que se necesita para blindar el veto o rechazarlo", explicó.

Aun así, admitió: "Mi intuición es que hoy hay una diferencia a favor de blindar el veto".

Desde las 11 de este miércoles 9 de octubre, Diputados debatirá en sesión especial el veto del presidente Javier Milei a la norma que amplía los fondos para las casas de altos estudios.

En las últimas horas, el Gobierno sumó el respaldo de Mauricio Macri. El pronunciamiento del ex presidente alinearía a la mayoría de los legisladores del PRO detrás de la posición de sostener el veto. Sin embargo, esto no evitaría algunas fugas en el partido amarillo. El diputado Álvaro González, del riñón de Horacio Rodríguez Larreta, adelantó la semana pasada que votaría en contra de la medida del mandatario.

En este escenario, no estaba claro que harán los legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR). El apoyo de un puñado de ellos resultó clave para bloquear la insistencia del Congreso con la Ley de Movilidad Jubilatoria. Esta vez, sin embargo, no está confirmado que acompañarán la posición oficial. Lo mismo ocurre con los legisladores peronistas que responden al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo, de buena sintonía con la Casa Rosada.

El veto a la Ley, aprobada en ambas cámaras por amplia mayoría, fue publicado la semana pasada en el Boletín Oficial. Un día después de otra masiva movilización en defensa de la educación pública. Con la premisa de garantizar el equilibrio fiscal, el Gobierno denunció que el Congreso busca introducir un gasto sin precisar de dónde saldrán los fondos. 

Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la aplicación de esta normativa implicaría un costo fiscal de $738.595 millones, equivalentes al 0,14% del PBI. Para el Ejecutivo, la cifra es algo mayor, de 811.569 millones de pesos.

Ante la posibilidad de que el Congreso revierta la decisión del Presidente, el Gobierno no descarta acudir a la Justicia, con el argumento de que esta iniciativa viola la Ley de Administración Financiera.