El gobierno suspendió su aplicación a fines de septiembre, con la justificación de que el Congreso tenía que establecer su fuente de financiamiento.
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La Justicia ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad
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El Gobierno convocó a una reunión este miércoles a las 17 en la Secretaría de Trabajo con la participación de autoridades nacionales y representantes del sindicato.
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La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se desacopló del paro general del transporte y anunció un cese de actividades para el próximo jueves en reclamo por mejores salariales. La medida de fuerza de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que se realiza desde la medianoche de este miércoles incluye a todos los transportes públicos -trenes, barcos, aviones y subtes- y al servicio de carga.
No obstante, el Gobierno, en un nuevo intento de desactivar la medida de fuerza, convocó a una reunión este miércoles a las 17 en la Secretaría de Trabajo con la participación de autoridades nacionales y representantes del sindicato liderado por Roberto Fernández.
Del cónclave no participará el titular de esta cartera, Julio Cordero, debido a que se encuentra de viaje, pero en su lugar estaría el subsecretario de Relaciones del Trabajo, Martín Huidobro.
La UTA tenía vigente una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo que le impedía realizar medidas de fuerzas hasta el martes 29, por lo que legalmente se podría haber adherido al paro del resto de las ramas del transporte, pero no lo hizo.
EL lunes el gremio mantuvo un encuentro con las cámaras del sector pero no se pusieron de acuerdo. "La recaudación no responde a la realidad en absoluto y en estas circunstancias es imposible arribar a un acuerdo", indicaron fuentes de las cámaras.
La UTA solicitó un salario básico para agosto de $1.160.000, con aumentos progresivos hasta llegar a $1.322.136 en diciembre. Según el sindicato, las empresas de transporte no hicieron ningún ofrecimiento durante el encuentro de este lunes.
En caso de que no se llegue a un acuerdo, los usuarios de transporte público verán afectados los servicios por dos días consecutivos.
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El gobierno suspendió su aplicación a fines de septiembre, con la justificación de que el Congreso tenía que establecer su fuente de financiamiento.
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