El vocero presidencial, Manuel Adorni, denunció este jueves que 212 presos condenados y procesados recibían una pensión no contributiva por invalidez laboral. El dato surge a partir de un cruce de datos entre el Servicio Penitenciario Federal y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

"Inmediatamente se procedió a la baja de estas 212 pensiones que cobraban delincuentes que nunca las deberían haber percibido, para que el dinero vuelva a los contribuyentes", aseguró el funcionario durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

Adorni puso como ejemplo el caso de un hombre de 41 años de la localidad de Quilmes que al iniciar el trámite para obtener esta pensión, tenía que estar cumpliendo una pena de prisión domiciliaria. "Lo más increíble es que la pensión la obtuvo en seis días. Cuando su propia condición de preso debería haberlo excluido de este beneficio. Evidentemente para quienes se la otorgaron, no era una obviedad", criticó.

Semanas atrás, ANDIS descubrió que 331 prófugos eran beneficiarios de una pensión. De estos, 33 fueron puestos a disposición de la Justicia y 14 fueron capturados en uno solo operativo.

Según el Gobierno, una auditoría en ANDIS detectó una actividad fraudulenta donde se estima un desvío de fondos de 1.000 millones de dólares sólo en 2023. Este año, también se detectaron otras irregularidades, como la presentación de una misma radiografía en 150 trámites por pensión de invalidez.