El Gobierno argentino presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el asedio a su embajada en Caracas y solicitó acciones concretas frente a los “crímenes de lesa humanidad” atribuidos al régimen chavista.

Durante la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma en La Haya, el embajador argentino en Países Bajos, Mario Javier Oyarzábal, expresó: “La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía”.

También afirmó que “tras las elecciones del pasado 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más” y que “Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada".

Además, denunció que la embajada argentina en Caracas ha enfrentado “situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores armados no identificados” en represalia por ofrecer asilo a personas en situación de riesgo.

“Actualmente la sede de nuestra embajada y los asilados allí presentes se encuentran bajo la protección de Brasil, país al que agradecemos. No obstante, es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas y que se otorgue de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados”, agregó, sobre los asilados.

Según el gobierno de Nicolás Maduro, los asilados estarían involucrados en la "planificación de actos terroristas", motivo por el cual revocaron la autorización de protección en septiembre. Entre ellos, están los colaboradores de la líder opositora María Corina Machado como Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Omar González, Claudia Macero, Humberto Villalobos y el exministro Fernando Martínez Mottola