El empleo informal registró un aumento en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior, según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El estudio, elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), señaló que la tasa de informalidad entre asalariados fue del 36,7%.

El documento destacó que "la tasa de informalidad se ha mantenido relativamente constante y en un valor muy elevado desde hace 16 años", lo que equivale a que casi 4 de cada 10 trabajadores en relación de dependencia no están protegidos por las leyes laborales. También resaltó diferencias según género y edad: la informalidad afecta más a las mujeres (38,9%) que a los hombres (34,2%) y alcanza al 64% entre los jóvenes.

En términos regionales, las tasas más altas se registran en el Noroeste, Cuyo y Nordeste, con valores superiores al 40%. Por actividad económica, los sectores con menos trabajadores informales son el público (9,1%) y los servicios financieros (24,1%), mientras que los mayores niveles se observan en la construcción (67,3%) y el servicio doméstico (76,3%).

El informe detalló que "la penalidad por informalidad es del orden del 46%", explicando que un trabajador informal con iguales características y condiciones que uno formal recibe, en promedio, un 54% del salario mensual de este último. Además, la incidencia de la informalidad es mayor entre los asalariados de menores ingresos, alcanzando al 80% en el quintil más bajo, frente al 6% en el más alto.

Sobre la relación entre informalidad y pobreza, el texto indicó que "el 59% de los asalariados informales percibe un ingreso por debajo del valor de la canasta básica individual", mientras que esta proporción es del 8% entre los formales. También señaló que en el segundo trimestre de 2024, "el 40% de los asalariados vivían en un hogar pobre", cifra que se eleva al 63% entre los informales.

Finalmente, el informe subrayó que estos datos evidencian "la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo" y concluyó que "tener un puesto de trabajo en Argentina no es un reaseguro para vivir fuera de la pobreza".