El juez federal Ariel Lijo ordenó la captura internacional con fines de extradición del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de su vicepresidenta, Rosario María Zambrana Murillo, y de otros 16 imputados, para ser indagados en Argentina por presuntas violaciones graves a los derechos humanos.

La resolución señala que Ortega, Zambrana Murillo y las demás personas implicadas deberán ser indagadas por su presunta participación en "graves violaciones contra los derechos humanos que se le atribuyen". Según los abogados denunciantes Diego Pirota y Darío Richarte, los hechos denunciados incluyen persecuciones por motivos religiosos, detenciones de periodistas y actos de represión generalizada contra sectores disidentes.

En el texto de la resolución, el juez Lijo detalla que "el plan estratégico de represión desplegado en Nicaragua involucró a todos los estamentos del poder político y judicial del Estado". Asimismo, se documentaron "encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, actos de tortura, desaparición forzada de personas, traslado forzado de la población, deportaciones, censura mediática, privación de atención médica, supresión de matrículas profesionales habilitantes, persecución por motivos políticos y religiosos, cancelación de la personería jurídica y quita de la nacionalidad".  

Lijo señaló que "las solicitudes de cooperación internacional libradas por este tribunal no fueron respondidas". Además, describió que, según la acusación, las acciones represivas formaron parte de un "plan generalizado y sistemático" estructurado en etapas, iniciado entre abril y junio de 2018 con la represión de protestas sociales en Nicaragua.  

La medida se enmarca en un expediente abierto en agosto, donde se argumenta que las violaciones habrían sido llevadas a cabo por altas autoridades de Nicaragua, utilizando la estructura del aparato estatal para implementar un plan de represión sistemático.